- El primer ministro declara 14 días de estado de emergencia tras disturbios por reducciones salariales en fuerzas de seguridad.
La nación de Papúa Nueva Guinea se encuentra sumida en una crisis luego de que el primer ministro, James Marape, declarara un estado de emergencia de 14 días en respuesta a violentas protestas que dejaron un saldo de 15 muertos y provocaron saqueos y destrozos en comercios. La capital, Port Moresby, fue testigo de escenas caóticas cuando un grupo reducido de soldados, policías y guardias penitenciarios se manifestaron en contra del gobierno debido a recortes salariales.
La violencia se desató inicialmente en Port Moresby y se propagó rápidamente a Lae, situada a unos 300 kilómetros al norte de la capital. Ante estos disturbios, Marape anunció la implementación del estado de emergencia, con más de mil soldados desplegados para “contener cualquier situación que pueda surgir en adelante”.
El comisario de policía, David Manning, confirmó la trágica cifra de 15 personas fallecidas en los altercados tanto en la capital como en Lae. Además, el principal hospital de Port Moresby atendió a 25 personas heridas de bala y seis con cortes de machete, según informó AFP. Imágenes impactantes mostraron escenas de saqueos en la capital, con individuos rompiendo escaparates y llevándose mercancía en cajas y carritos.
Las protestas también dejaron edificios y automóviles incendiados, generando columnas de humo sobre distintas zonas de la capital. La embajada de Estados Unidos en Port Moresby reportó disparos cerca de sus instalaciones mientras la policía intentaba dispersar a los saqueadores. China expresó su preocupación, presentando una queja formal debido a daños a comercios chinos y heridas leves a dos de sus ciudadanos durante los disturbios.
Los disturbios comenzaron cuando las fuerzas de seguridad protestaron en el Parlamento por la reducción de sus salarios. Aunque el gobierno prometió corregir rápidamente el supuesto error técnico, no logró contener la indignación de otros ciudadanos que se sumaron a las manifestaciones. Este estallido de violencia subraya la situación volátil en el país, rico en recursos naturales pero con un significativo porcentaje de la población viviendo en condiciones de pobreza, según informes de grupos de derechos humanos.