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Ataque con drones en Guerrero deja nueve muertos

  • Violenta incursión de La Familia Michoacana en la Sierra Madre del Sur

En una trágica incursión, al menos nueve personas perdieron la vida durante un ataque con drones perpetrado por presuntos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, ubicada en el municipio de Heliodoro Castillo, en la pintoresca Sierra Madre del Sur. Aunque las cifras oficiales divergen, la Policía Comunitaria reporta nueve muertos, mientras que el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello habla de 30 pobladores asesinados.

La noche del jueves, la tranquila comunidad fue sorprendida por la violencia cuando hombres armados, vinculados a La Familia Michoacana, atacaron a los residentes, dejando un saldo trágico que ha generado consternación en la región. El gobierno estatal, liderado por Evelyn Salgado, aún no ha proporcionado detalles sobre la agresión ni el número exacto de víctimas.

Salvador Alanís Trujillo, vocero de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, informó que dos civiles heridos llegaron a Tlacotepec solicitando ayuda el viernes por la tarde, relatando que tras el ataque, al menos nueve civiles perdieron la vida. Los pobladores intentaron resistir, pero fueron superados en número.

Los intentos de verificar la situación se han visto obstaculizados por la respuesta de los agresores, quienes utilizan drones artillados y lanzan bombas en otras localidades cercanas. La comunicación está interrumpida, generando una preocupación adicional por la seguridad de los habitantes de Buenavista y áreas circundantes.

Esta tragedia sigue a la ocupación de la presa El Caracol por habitantes de Heliodoro Castillo el 18 de noviembre pasado, quienes demandaban la instalación de una Base de Operaciones Mixtas debido a la creciente inseguridad en la región serrana.

El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro Minerva Bello en Guerrero, corroboró el ataque, indicando que alrededor de 30 personas fueron asesinadas mientras realizaban actividades cotidianas. La falta de comunicación con la comunidad ha dificultado la obtención de información precisa sobre el alcance total de la tragedia.

La Policía Comunitaria propone fincar responsabilidades a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, alegando que estas muertes son el resultado de la omisión de las autoridades. La falta de respuesta efectiva a las peticiones previas de seguridad y ayuda ha generado indignación entre la población local, planteando la posibilidad de medidas más drásticas para garantizar la protección de la comunidad.