La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en América Central y el Caribe ha expresado su “condena” hacia la acción de confiscar todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua.
La OACNUDH, cuya oficina regional para América Central y el Caribe se encuentra en Ciudad de Panamá, también ha rechazado la calificación emitida por las autoridades nicaragüenses que tildaron a la UCA como un “centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales”.
La oficina del Alto Comisionado recordó al Estado de Nicaragua que, en el caso de tomar una medida tan grave como cerrar una universidad por motivos de seguridad nacional, esta acción debe estar justificada de acuerdo con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la OACNUDH advirtió que esta medida del gobierno nicaragüense afecta gravemente el derecho a la educación, que es fundamental para la realización de otros derechos humanos.
La Justicia de Nicaragua, bajo el control del Gobierno de Daniel Ortega, ha ordenado a la Universidad Centroamericana, una institución jesuita altamente respetada en el país, transferir sus activos muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua. La universidad fue acusada por el gobierno de haber funcionado como un “centro de terrorismo” y de organizar grupos delincuenciales.
Como resultado de esta acción, la universidad ha suspendido todas las actividades académicas y administrativas, mientras que las cuentas bancarias han sido congeladas y las propiedades han sido inmovilizadas. Estas medidas se producen en medio de tensiones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.
Nicaragua ha estado experimentando una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las cuestionadas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y sus principales opositores se encontraban en prisión.