Veracruz

Luego de 17 meses en prisión el exsecretario de Salud de Veracruz Juan Antonio Nemi Dib, es declarado inocente

El exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, fue declarado inocente de todas las acusaciones en su contra que presentó el entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y su fiscal General, Jorge Winckler.

Fueron magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quienes ratificaron el no ejercicio de la acción penal en contra de Nemi Dib, quien durante su función como Secretario de Salud denunció una serie de irregularidades en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El exfuncionario aseguró que los magistrados determinaron lo anterior por “probada inocencia y fabricación de pruebas en su agravio”.PUBLICIDAD

“Finalmente los tres magistrados responsables del caso de manera unánime glosaron cada una de las irregularidades del proceso y los tres determinaron que el juez local tenía razón y que por lo tanto, yo no había cometido ningún delito“, informó en conferencia de prensa. Nemi Dib estuvo 17 meses en prisión y luego enfrentó el proceso en libertad.

Fue en diciembre del 2017 cuando Nemi Dib fue arrestado acusado de los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado y abuso de autoridad, al ser señalado de irregularidades en la construcción de la Torre Pediátrica de Boca del Río y que ascendían supuestamente a los 30 millones de pesos.

Nemi Dib estuvo al frente de la Secretaría de Salud del año 2012 al 2014 en el gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa; también fue director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El servidor público, antes de ser detenido, presentó evidencias de haber interpuesto casi 300 denuncias penales durante la administración de Javier Duarte de Ochoa por diversas irregularidades cometidas en el sector salud. Del total de las querellas, tres fueron ante la Procuraduría General de la República y el resto ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por anomalías en compra de medicamentos, fallos en pruebas de VIH e irregularidades administrativas, con el personal y del sindicato de trabajadores.