La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha expresado su preocupación por la concesión de amparos que resultan en la liberación de individuos acusados de delitos graves, ya que esto representa un peligro potencial para la gobernabilidad del estado.
Según la magistrada, esta situación no está considerando el impacto social que acarrea liberar a personas acusadas de delitos graves sin un análisis adecuado, lo que puede representar una amenaza inminente para la sociedad.
En dos ocasiones durante la presente semana, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre ha señalado que hasta el 10 de agosto se han presentado 33 amparos en los cuales se otorga la suspensión provisional de medidas cautelares, en su mayoría relacionadas con prisión preventiva justificada, sin un examen exhaustivo del caso.
En consecuencia, se ha observado la liberación inmediata y total de los acusados en delitos de gran impacto social, como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado y abuso sexual de menores.
A pesar de que el Poder Judicial ha procurado el estricto cumplimiento de la ley y las decisiones emitidas por la autoridad judicial federal, en este caso en particular, no están de acuerdo con las resoluciones emitidas, ya que consideran que se está resolviendo el fondo de los juicios de amparo de manera incorrecta e ilegal, sin analizar las pruebas específicas de cada caso.
Esta situación, según la magistrada, está perjudicando a las víctimas y a los procesos legales, además de exponer a la sociedad al facilitar la evasión y eludir la acción de la justicia por parte de los acusados.
La magistrada ha señalado que los jueces federales están liberando a los acusados con una frecuencia considerable, aplicando fórmulas genéricas en los juicios de amparo que se oponen a la prisión preventiva dictada por los jueces locales.
Este patrón de liberaciones indiscriminadas tiene un impacto directo en la gobernabilidad del estado, ya que los jueces y magistrados federales no están considerando las implicaciones sociales de liberar a personas peligrosas sin un análisis adecuado.
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre también ha mencionado que se está pasando por alto la sentencia de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez vs México, en la cual se establece que la Prisión Preventiva Justificada no infringe los Derechos Humanos, ya que en ciertos procesos esta medida es apropiada y proporcionada para salvaguardar la seguridad de las partes y mantener el orden público.
