Presencia.
Gobernador Rocha, senador Inzunza, fiscal adjunto Castro
- Alcalde Gámez, ex tesorero Díaz y cinco exjefes policiacos
- Son acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York
- Presumen inocencia en tanto no se demuestre culpabilidad
- FGR decidirá si acusación contra Rocha está fundamentada
- Extradición si se determina que las pruebas son suficientes
- En solicitud no se adjunta elementos probatorios suficientes
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a una decena de funcionarios mexicanos, entre los que se incluye el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vinculándolos con delitos relacionados con el narcotráfico y armas.
Por medio de un comunicado el miércoles 29 de abril de 2026, se indicó que los acusados presuntamente habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos, para importar grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Además de Rocha Moya, los otros señalados por Estados Unidos son el senador Enrique Inzunza Cazarez; Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Aviles; Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.
Dicho caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, puntualizó.
Por su parte, el director de la DEA, Terrance Cole, detalló que “el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”.
“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”, puntualizó el funcionario.
Se apuntó que los cargos que figuran en la acusación formal son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.
Estas son las penas que alcanzarían los 10 señalados por EU:
Rubén Rocha Moya (76 años, gobernador de Sinaloa): Acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dicho armamento. Se enfrenta a una pena mínima de 40 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua.
Enrique Inzunza Cázarez (53 años, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa): Imputado por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena establecida es de un mínimo de 40 años hasta cadena perpetua.
Dámaso Castro Zaavedra (54 años, fiscal general adjunto de Sinaloa): Acusado de participar en la conspiración para importar narcóticos y de cargos por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta una pena mínima de 40 años y una máxima de cadena perpetua.
Marco Antonio Almanza Avilés (54 años, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa). Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. La sanción prevista es de un mínimo de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado (55 años, exsubdirector de la Policía de Sinaloa): Enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. La sentencia oscila entre un mínimo de 40 años y la cadena perpetua.
Juan de Dios Gámez Mendívil (41 años, alcalde de Culiacán): Imputado por conspiración para la importación de narcóticos y delitos de armas pesadas, incluyendo ametralladoras y explosivos. Su pena mínima obligatoria es de 40 años, con un máximo de cadena perpetua.
Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito” (35 años, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán): Además de los cargos de conspiración de narcóticos y posesión de ametralladoras y explosivos, enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer dicho secuestro. Debido a la gravedad de estos delitos adicionales, su sentencia máxima no se limita a la cadena perpetua, sino que los cargos específicos de secuestro mortal conllevan sanciones adicionales severas bajo la ley de EU.
La Fiscalía General de la República informó que iniciará una investigación para determinar si la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está sustentada con pruebas.
En este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia. En este caso, hemos sido notificados por la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el gobierno de Estados Unidos de América”, apuntó Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR.
Lara López subrayó que “para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que una persona ha cometido un delito”.
Enfatizó que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes.
“Es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, expuso (Con información de López-Dóriga Digital)