Ya encaminada en la ruta hacia su definitivo ocaso la administración pública presidida por Cuitláhuac García ha cerrado las ventanillas, el presupuesto está agotado y solo funcionan las áreas que necesariamente participarán en el tramite de la entrega recepción; obviamente, en la medida de sus posibilidades el sector de seguridad pública con lo que tiene hace cuanto puede, que lamentablemente no es mucho. Evaluar los seis años de gestión pública 2018-2024 en Veracruz no requiere de gran esfuerzo porque en realidad poco de trascendente es posible observar en el escenario veracruzano, en términos generales nada que pudiera sostener que Veracruz haya cambiado su rostro porque ni en el campo, ni en la industria o en el turismo hay signos de avances efectivos, sí en cambio de severo retroceso. Si abordamos el asunto de Seguridad Pública a partir de cuando el entonces flamante secretario de gobierno, Eric Cisneros, declaró que en la entidad operaban seis cárteles delincuenciales y recientes investigaciones ahora nos dicen que son siete, tendríamos que referir una enorme deuda social como expediente no superado. El rostro de Veracruz ahora es más añejo que hace seis años y con circunstancias más complejas debido al atraso social y económico en que vive buena parte de los 8 millones de veracruzanos, cinco millones en pobreza extrema, no son pocos. Según se ve, no bastaron las gesticulaciones ni el tono retórico remedando a las del presidente para consolidar una exitosa gestión pública, fue fórmula errónea porque el prototipo tampoco fue el apropiado.
Esa circunstancia no es asunto de partido político en el gobierno, porque en el pasado no muy remoto otros gobiernos de corte populista, aunque de diferente partido, también quedaron a deberle a la población veracruzana. Fidel Herrera (2004-2010) hizo un gobierno desastroso, solo superado por su discípulo y sucesor Duarte de Ochoa (2010-2016). Justamente en esos gobiernos aumento de manera exponencial la deuda pública que inició en el último mes de gobierno de Miguel Alemán Velasco, cuando en noviembre de 2004 el secretario de Finanzas, De la Llave, anunció la concertación de un préstamo bancario por 3 mil 500 millones de pesos, se dijo que era para compensar la deuda de 5 mil millones de pesos del gobierno federal con Veracruz. Para “pagar esa deuda” el gobierno de Herrera Beltrán ideó la bursatilización del 80 por ciento del impuesto al uso y tenencia de automóviles para obtener 6 mil millones de pesos, de los cuales una parte se utilizaría para pagar la deuda heredada y el remanente para invertirlo en infraestructura nueva para la entidad. Sin embargo, no conforme con la adquisición de una deuda mayor, con el cuento de “cambiarle el rostro y las circunstancias a Veracruz” se propuso la bursatilización del 20 por ciento del impuesto arriba referido correspondiente a los municipios de la entidad, así se obtuvieron mil 500 millones de pesos “para construir obra pública en abundancia”. Excepto 9 municipios gobernados por el PAN todos los demás fueron “convencidos” de entrarle a ese “esquema financiero exitoso”; “Aquí no hay mentira, la bursatilización permite aplicar la acción de los ingresos futuros”, decía Duarte de Ochoa entonces secretario de finanzas. ¿Cuánto de ese dinero se quedó en el camino por los consabidos porcentajes y los tradicionales pellizcos al cajón? Solo lo imaginamos, aunque lo único seguro es que los municipios que cayeron en aquella trampa aún siguen destinando partidas de su presupuesto a pagar aquella deuda. Increíble, pero cierto.
