Expresión Ciudadana

En Veracruz cambió la gobernadora, cambió el secretario de Finanzas y cambió, sobre todo, la manera de contar la deuda. Durante seis años, el gobierno de Cuitláhuac García presumió que había saneado las finanzas estatales. En noviembre de 2024, su secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, informó ante el Congreso que la deuda total cerraría alrededor de 65 mil 801 millones de pesos, después de haber recibido, según su propio cálculo, obligaciones por 87 mil 207 millones en 2018. 

El mensaje político era sencillo: Morena había reducido la pesada carga financiera heredada. Pero la administración de Rocío Nahle presentó después una fotografía completamente distinta: aseguró haber recibido compromisos totales por 119 mil 388 millones de pesos. La diferencia entre una versión y otra supera los 53 mil millones de pesos.

Aquí es donde prácticamente se cae el relato de las “finanzas sanas”, o cuando menos queda obligado a una explicación mucho más seria. 

La propia administración de Rocío Nahle ha señalado que dentro de esos 119 mil millones existían obligaciones que no se incorporaban de la misma manera al cálculo presentado anteriormente. 

En su Primer Informe, la gobernadora sostuvo que recibió aproximadamente 50 mil millones de pesos de deuda bancaria, casi 30 mil millones de pesos de obligaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), alrededor de 25 mil millones con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros pasivos. 

Es decir, el problema no es solamente que Veracruz debiera mucho, sino que dos gobiernos consecutivos de Morena están presentando cifras extraordinariamente diferentes sobre la situación financiera del mismo estado. 

El actual secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, llevó todavía más lejos la revisión. Durante su comparecencia de noviembre de 2025 informó que la administración recibió obligaciones totales por 119 mil 388 millones de pesos, de las cuales 49 mil 736 millones correspondían a pasivos de largo plazo, además de deuda bancaria y pasivos contingentes.

 De acuerdo con las cifras presentadas por SEFIPLAN, dentro de los compromisos de largo plazo aparecían 23 mil 296 millones de pesos con el SAT y 22 mil 763 millones con el ISSSTE. 

Esos números ayudan a entender por qué el cálculo de la actual administración resulta muy superior al que dejó públicamente Lima Franco.

Pero aquí debemos detenernos porque existe una diferencia fundamental entre decir que se utilizó otro criterio de contabilización y afirmar que alguien escondió deliberadamente deuda. Lo primero está documentado; lo segundo requeriría demostrar intención y responsabilidades específicas. Lo verdaderamente grave desde el punto de vista de la rendición de cuentas es que durante años los veracruzanos escucharon que las finanzas habían sido saneadas y que la deuda se había reducido sustancialmente, mientras que la administración siguiente, del mismo partido político, incorporó obligaciones que llevaron el cálculo total hasta los 119 mil millones de pesos. Si todo se debe exclusivamente a criterios contables diferentes, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué tan útil fue la cifra de deuda que durante años se presentó a los ciudadanos como evidencia del saneamiento financiero?

Y todavía existe otra contradicción. En 2024, el gobierno de Cuitláhuac García sostenía que había realizado pagos importantes precisamente para sanear obligaciones fiscales y financieras. Lima Franco hablaba de una deuda total de alrededor de 65 mil 801 millones y reconocía todavía compromisos históricos con el ISSSTE. Un año después, la administración de Nahle afirmó que recibió casi 30 mil millones con el SAT y alrededor de 25 mil millones con el ISSSTE. Incluso voces dentro del propio movimiento político pidieron aclarar las cuentas: tras conocerse las nuevas cifras, el senador Manuel Huerta llamó públicamente a revisar y explicar las diferencias.

La nueva administración también presume haber reducido drásticamente esa carga. El 19 de noviembre de 2025, Miguel Reyes aseguró ante el Congreso que el total había bajado de 119 mil 388 a 69 mil 645 millones de pesos, una reducción de 41.6 por ciento. 

SEFIPLAN reportó que los adeudos con el SAT pasaron de 23 mil 296 millones a cero y que las obligaciones con el ISSSTE disminuyeron de 22 mil 763 a aproximadamente 11 mil 331 millones. 

Posteriormente, la propia gobernadora sostuvo en su Primer Informe que Veracruz había reducido significativamente sus compromisos financieros mediante programas de regularización y negociaciones con instituciones federales.

Eso merece otra explicación porque reducir una obligación mediante descuentos, regularizaciones o beneficios fiscales no equivale necesariamente a haber desembolsado en efectivo cada peso de la disminución contable. La propia administración explicó que Veracruz se acogió a mecanismos federales de regularización para resolver el adeudo con el SAT y a disposiciones aplicables para reducir la obligación con el ISSSTE. 

Por eso, cuando se presume que la deuda bajó decenas de miles de millones en apenas un año, los ciudadanos también tienen derecho a conocer cuánto se pagó efectivamente con recursos estatales, cuánto correspondió a recargos eliminados, cuánto fue objeto de descuentos o beneficios legales y cuánto simplemente cambió de clasificación.

Y en medio de esa discusión aparece el refinanciamiento bancario de Rocío Nahle. La administración estatal sustituyó créditos que estaban con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) mediante financiamientos con BBVA por alrededor de 4 mil 908 millones de pesos, con obligaciones que llegan hasta 2040. El argumento oficial vuelve a ser conocido: mejores condiciones financieras, menores intereses y liberación de participaciones. 

Refinanciar puede ser una decisión correcta si efectivamente disminuye el costo de la deuda; el problema es que Veracruz ya escuchó una historia parecida durante la administración anterior.

En 2019, el Congreso autorizó al gobierno de Cuitláhuac García refinanciar o reestructurar hasta 41 mil 769 millones de pesos de deuda de largo plazo. Aquella administración aseguró entonces que la operación permitiría ahorrar aproximadamente 4 mil 600 millones de pesos. 

Años después presumió que había reducido significativamente la deuda y entregaba finanzas más ordenadas. 

Ahora el gobierno que lo sucedió, también emanado de Morena, sostiene que en realidad recibió obligaciones totales por más de 119 mil millones de pesos y nuevamente modifica las condiciones de parte de la deuda bancaria. 

No significa que las dos operaciones sean iguales, pero sí obliga a preguntar por qué después de una reestructura presentada como exitosa, una reducción anunciada como histórica y seis años de supuesto saneamiento financiero, Veracruz sigue necesitando operaciones multimillonarias para reorganizar sus compromisos.

También existe una cuestión elemental que la Secretaría de Finanzas debería aclarar de manera pedagógica. 

¿Por qué durante la administración anterior se habló de alrededor de 65 mil 801 millones de pesos y posteriormente el nuevo gobierno habló de 119 mil 388 millones? ¿Qué conceptos integraba exactamente una cifra y cuáles integraba la otra? ¿Cuánto correspondía a deuda bancaria, cuánto a créditos fiscales, cuánto al ISSSTE, cuánto a proveedores, cuánto a laudos y cuánto a pasivos contingentes? No basta responder que se utilizó un criterio distinto. 

Cuando una modificación metodológica provoca una diferencia superior a 53 mil millones de pesos, la explicación debe estar acompañada de una conciliación peso por peso.

La discusión es todavía más importante porque el Gobierno de Veracruz informó durante 2026 nuevos movimientos en la deuda bancaria. La administración sostiene que éstos permitirán reducir intereses y liberar participaciones federales. Si efectivamente es así, debe reconocerse. Pero también debería publicarse un comparativo sencillo que cualquier ciudadano pueda entender: cuánto debía Veracruz antes del refinanciamiento, cuánto debe después, cuál era la tasa efectiva anterior, cuál es la nueva, cuánto se pagará de intereses, qué comisiones existen, qué porcentaje de participaciones estaba comprometido y cuánto terminará desembolsando hasta 2040.

La historia financiera de Veracruz comienza a parecer un problema de definiciones. Un gobierno dice que recibió 87 mil 207 millones, después asegura que dejó alrededor de 65 mil 801 millones; el gobierno siguiente sostiene que en realidad recibió 119 mil 388 millones y posteriormente presume haberlos reducido a alrededor de 69 mil millones. 

No necesariamente todas esas cifras se contradicen si incluyen conceptos diferentes, pero precisamente por eso resulta irresponsable utilizarlas políticamente sin explicar claramente qué contiene cada una. 

Las matemáticas pueden ser correctas y, aun así, construir fotografías completamente distintas cuando se modifica lo que entra o sale de la suma.

Y ahí está el verdadero problema político para Morena. Ya no estamos comparando solamente lo que dice la Cuarta Transformación contra lo que hicieron gobiernos del Partido Revolucionario Institucional o del Partido Acción Nacional. 

Estamos comparando las cuentas de un gobierno de Morena con las cuentas del siguiente gobierno de Morena. 

Rocío Nahle no recibió Veracruz de Miguel Ángel Yunes Linares ni de Javier Duarte; lo recibió directamente de Cuitláhuac García. Si su administración encontró una carga financiera total muy superior a la que públicamente había reportado el gobierno anterior, corresponde explicar con absoluta precisión por qué.

Después de casi ocho años de Morena gobernando Veracruz, culpar indefinidamente al pasado comienza además a tener fecha de caducidad. Es cierto que una parte importante de los problemas financieros del estado se originó muchos años antes y que algunos adeudos fiscales se venían acumulando desde administraciones anteriores. 

La propia Nahle ha señalado que ciertas obligaciones con el SAT se arrastraban desde hace más de una década. 

Pero Cuitláhuac García gobernó seis años con la promesa de ordenar precisamente esas cuentas, y al terminar aseguró que lo había conseguido. 

Por eso resulta legítimo contrastar aquella narrativa con los números que presenta ahora su sucesora.

Si Rocío Nahle realmente recibió 119 mil 388 millones de pesos en compromisos totales, entonces el gobierno anterior debe explicar por qué su cifra pública era muchísimo menor y qué conceptos dejó fuera de aquel cálculo. Si las cifras simplemente responden a metodologías diferentes, SEFIPLAN debe publicar una conciliación que permita comparar exactamente lo mismo contra lo mismo. Y si la actual administración realmente consiguió reducir decenas de miles de millones mediante pagos, descuentos y programas de regularización, también debe explicar cuánto dinero salió efectivamente de las arcas estatales y cuánto corresponde a beneficios fiscales o modificaciones contables.

Porque aquí ya no alcanza con cambiar de secretario, cambiar de banco o cambiar de metodología. Los veracruzanos necesitan una sola fotografía financiera, completa y comparable. 

Durante años se les dijo que la deuda estaba bajando; después se les informó que la carga real era muchísimo mayor y ahora nuevamente se les asegura que está disminuyendo aceleradamente. 

Puede haber explicaciones técnicas válidas para todo ello, pero mientras esas explicaciones no aparezcan juntas, transparentes y perfectamente conciliadas, permanecerá una pregunta incómoda: ¿cuánto debe realmente Veracruz y cuánto de lo que durante años se presentó como “saneamiento financiero” dependía simplemente de la manera en que se estaba haciendo la cuenta?