Ecuador, una vez considerado un paraíso de paz en Sudamérica, se enfrenta a una grave crisis que lo ha llevado a declararse en “conflicto armado interno” debido a la creciente violencia generada por el narcotráfico. La nación ha experimentado una transformación alarmante, con cárceles convertidas en bases del crimen, calles sometidas al terror de armas de fuego y granadas, y gobiernos lidiando con el poder del narcotráfico.
El presidente Daniel Noboa, quien asumió el cargo en noviembre, ha dirigido su atención a 22 estructuras vinculadas al tráfico de drogas, entre las cuales destacan Los Choneros, Lobos y Tiguerones. Estas organizaciones tienen conexiones con grupos extranjeros como el Cartel de Sinaloa, coordinando sus operaciones desde cárceles con la complicidad de guardias penitenciarios, especialmente en Guayaquil.
La situación se complica aún más con incidentes trágicos, como la reciente fuga de Adolfo Macías, líder de Los Choneros, desde una cárcel en Guayaquil. Además, la población carcelaria se encuentra hacinada, y los enfrentamientos entre bandas dentro de las prisiones han resultado en masacres.
Analistas señalan que la violencia extrema en Ecuador se intensificó durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), donde ataques con coches bomba, balaceras y secuestros se volvieron moneda corriente en las principales ciudades. Cada intento del crimen organizado por amedrentar a la población llevaba a respuestas gubernamentales como estados de excepción, operativos militares y toques de queda.
El presidente Noboa, de 36 años, ha prometido una postura de mano dura ante las bandas criminales. Su “Plan Fénix” incluye la construcción de cárceles de máxima seguridad en buques y selvas aisladas, fortalecimiento de la inteligencia y control de fronteras con drones y radares.
El país se encuentra inmerso en una situación caótica, y la población, agotada por la violencia, espera que las medidas anunciadas por Noboa logren recuperar el control y enfrentar la crisis. La declaración de “conflicto armado interno” busca otorgar estatus beligerante a las fuerzas armadas para abordar el problema con una perspectiva militar explícita.
