Expresión Ciudadana

La corrupción fue el estandarte que permitió construir el discurso político más exitoso de las últimas décadas en México. Millones de ciudadanos depositaron su confianza en un proyecto que prometía terminar con la impunidad, acabar con los privilegios de la clase gobernante y demostrar que, por primera vez, la ley sería aplicada sin importar el apellido, el cargo o el partido político del acusado. Después de años marcados por escándalos de gobernadores prófugos, desvíos multimillonarios, empresas fantasma y redes de complicidad entre el poder político y el económico, la sociedad creyó que finalmente llegaría una etapa donde la justicia dejaría de tener color.

La llamada Cuarta Transformación edificó buena parte de su legitimidad sobre esa promesa. No bastaba con cambiar de partido en el gobierno; había que cambiar la manera de gobernar. El compromiso era construir instituciones capaces de investigar con el mismo rigor a cualquier servidor público, sin importar si pertenecía a la oposición o al movimiento en el poder. La corrupción dejaría de ser utilizada como bandera electoral para convertirse en una auténtica política de Estado. Esa era la expectativa de millones de mexicanos que decidieron darle un voto de confianza al nuevo régimen.

Han transcurrido casi ocho años desde aquel cambio político y el debate nacional ya no gira en torno a si existen investigaciones contra funcionarios públicos. Es evidente que las hay. La verdadera discusión es mucho más profunda y delicada: ¿la ley se aplica realmente con el mismo criterio para todos o sigue dependiendo de quién sea el investigado? 

Esa pregunta ha comenzado a instalarse entre especialistas, académicos, organizaciones civiles y amplios sectores de la opinión pública, porque diversos casos parecen mostrar velocidades distintas cuando los expedientes involucran a personajes de oposición o a figuras cercanas al oficialismo.

El reciente proceso judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, volvió a colocar esa discusión en el centro del escenario nacional. La Fiscalía General de la República lo señala por su presunta participación en una red relacionada con el llamado huachicol fiscal, un esquema mediante el cual se habrían simulado importaciones de combustibles para evadir el pago de impuestos y generar un daño millonario al erario. Se trata de acusaciones de enorme gravedad que, de acreditarse plenamente ante los tribunales, deben recibir todo el peso de la ley. En un verdadero Estado de derecho nadie puede quedar al margen de la justicia cuando existen pruebas suficientes para acreditar responsabilidades.

Sin embargo, el caso dejó de ser exclusivamente jurídico cuando la defensa del exmandatario promovió un nuevo juicio de amparo reclamando diversas actuaciones de la Fiscalía General de la República, entre ellas la orden de aprehensión, la forma en que se ejecutó su detención y distintos actos relacionados con la investigación. Será el Poder Judicial quien determine la legalidad de cada una de esas actuaciones y quien, finalmente, resuelva si las pruebas presentadas son suficientes para sostener las acusaciones. Así debe funcionar cualquier democracia que aspire a respetar el debido proceso y las garantías constitucionales.

Pero mientras los jueces realizan su trabajo, la discusión pública tomó otro rumbo. Lo que hoy se encuentra bajo análisis ya no es únicamente la posible responsabilidad penal de Ernesto Ruffo, sino la consistencia con la que el Estado mexicano combate la corrupción. Porque cuando un expediente contra un personaje de oposición avanza con rapidez, mientras otros casos relacionados con figuras cercanas al poder permanecen durante años sin resultados concluyentes, inevitablemente surge una percepción que ninguna democracia puede darse el lujo de ignorar: la de una justicia selectiva.

El problema no radica en que la Fiscalía investigue a un exgobernador de oposición. Esa es precisamente su obligación cuando existen elementos suficientes para hacerlo. La preocupación aparece cuando esa misma determinación parece diluirse frente a otros expedientes de enorme relevancia pública. 

La imparcialidad de las instituciones no se demuestra por el número de órdenes de aprehensión que ejecutan, sino por la uniformidad con la que aplican la ley. 

Si la severidad depende del partido político, del nivel de cercanía con el gobierno o del costo político que represente una investigación, entonces el combate a la corrupción deja de ser una política pública para convertirse en un instrumento de confrontación.

Y esa percepción resulta especialmente peligrosa porque fue precisamente la promesa de terminar con los privilegios lo que permitió construir el respaldo ciudadano que llevó al actual gobierno al poder. 

La sociedad mexicana no votó para sustituir un grupo de intocables por otro. Votó esperando que desaparecieran los privilegios políticos y que, por primera vez, las instituciones actuaran con la misma firmeza frente a cualquier servidor público. Esa es, justamente, la vara con la que hoy millones de ciudadanos comienzan a medir los resultados del discurso anticorrupción.

Esa percepción de una justicia aplicada con distinta intensidad encuentra uno de sus ejemplos más representativos en el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), considerado por la Auditoría Superior de la Federación como uno de los mayores escándalos de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de los últimos años. Aunque existen personas vinculadas a proceso y diversas investigaciones en curso, para una parte importante de la sociedad permanece la sensación de que las responsabilidades políticas de mayor nivel nunca fueron esclarecidas plenamente. 

La promesa era llegar hasta las últimas consecuencias; la realidad dejó la impresión de que las consecuencias tienen distintos alcances dependiendo de quién aparezca en el expediente.Pero Segalmex no es el único caso que alimenta ese debate. 

En distintas entidades gobernadas por Morena se han acumulado episodios que han generado severos cuestionamientos públicos y exigencias de investigaciones más profundas. 

No se trata de afirmar responsabilidades penales donde los tribunales aún no las han determinado, sino de señalar que el mismo discurso de combate a la corrupción obliga a las instituciones a actuar con idéntica contundencia, sin importar el partido político de los involucrados.

Uno de los casos más visibles es el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, cuya administración ha enfrentado una de las peores crisis de seguridad de los últimos años. La disputa entre grupos del crimen organizado, particularmente después de los acontecimientos relacionados con Ismael «El Mayo» Zambada, colocó a la entidad en el centro de la atención nacional. 

Diversos actores políticos, organizaciones sociales y analistas han solicitado investigaciones, explicaciones e incluso su renuncia. 

Hasta ahora no existe una acusación penal pública en su contra, pero el deterioro de la situación ha provocado que muchos ciudadanos cuestionen la respuesta institucional y la ausencia de consecuencias políticas.

Algo similar ocurre con Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Desde antes de asumir el cargo enfrentó señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con grupos delictivos y presunto financiamiento irregular durante su carrera política. Diversas investigaciones periodísticas mantuvieron vivo el debate durante meses y el mandatario ha rechazado categóricamente todas las acusaciones. 

Sin embargo, para una parte de la opinión pública resulta inevitable preguntarse por qué algunos expedientes reciben una atención inmediata mientras otros permanecen durante años únicamente en el terreno del debate político sin que exista un desenlace claro que despeje cualquier duda.

Es importante precisar que las observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores no equivalen automáticamente a la comisión de un delito; sin embargo, sí representan llamados de atención que deben ser atendidos con absoluta transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando el discurso oficial sostiene que el combate a la corrupción constituye uno de los principales pilares del gobierno.

La misma lógica puede observarse en Campeche, donde la administración encabezada por Layda Sansores ha enfrentado observaciones de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con el manejo de recursos públicos, además de diversas controversias por decisiones administrativas y el uso de recursos gubernamentales. 

Ninguna de esas observaciones constituye por sí sola una sentencia condenatoria, pero sí forman parte de asuntos que merecen el mismo nivel de escrutinio institucional que cualquier otro caso de presunta irregularidad en el ejercicio del poder.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila protagonizó una fuerte controversia política cuando el gobierno de Estados Unidos revocó su visa y la de su esposo. Aunque dicha decisión migratoria no constituye una acusación penal ni prueba la comisión de un delito, el hecho generó un amplio debate nacional y numerosas solicitudes para que se transparentaran las razones de esa medida. La gobernadora negó haber cometido irregularidad alguna, pero el episodio volvió a poner sobre la mesa una exigencia ciudadana recurrente: cuando un servidor público enfrenta cuestionamientos de alto impacto, las instituciones deben actuar con absoluta claridad para evitar que las dudas sustituyan a las certezas.

Ese es precisamente el punto donde comienza el verdadero problema para cualquier gobierno que hizo del combate a la corrupción su principal bandera política. La ciudadanía no exige condenas anticipadas ni juicios mediáticos. Lo que reclama es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil de conseguir: que la ley se aplique con los mismos tiempos, el mismo rigor y la misma transparencia para todos. Porque cuando la velocidad de las investigaciones parece variar dependiendo del partido político del involucrado, la percepción de una justicia selectiva deja de ser una crítica de la oposición para convertirse en una preocupación compartida por una parte cada vez mayor de la sociedad.

La lista de casos que mantienen abierto este debate no termina ahí. Durante el gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas también se acumularon fuertes críticas por el incremento de la violencia, los desplazamientos forzados de comunidades enteras y diversas observaciones realizadas por organismos fiscalizadores sobre el manejo de recursos públicos. Del mismo modo, Cuauhtémoc Blanco, tras concluir su administración en Morelos, continúa enfrentando diversas denuncias e investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas. Él ha rechazado reiteradamente los señalamientos y los procedimientos continúan en distintas instancias. Cada uno de estos casos posee circunstancias jurídicas distintas, pero todos comparten un elemento en común: la exigencia ciudadana de que las instituciones investiguen con el mismo rigor a cualquier servidor público, sin importar el partido al que pertenezca.

Ese es el verdadero desafío que enfrenta hoy el Estado mexicano. No basta con abrir carpetas de investigación contra personajes de oposición ni con presumir detenciones mediáticas si, al mismo tiempo, persiste la percepción de que otros expedientes avanzan con mayor lentitud o permanecen estancados cuando involucran a figuras cercanas al grupo gobernante. La justicia pierde credibilidad cuando deja de ser predecible y comienza a parecer selectiva. Y una democracia donde la confianza en las instituciones se deteriora termina debilitando el propio Estado de derecho que dice defender.

La legitimidad del combate a la corrupción no se construye mediante discursos pronunciados desde una conferencia de prensa ni mediante campañas políticas que insisten en que todo cambió. Se construye con expedientes sólidos, investigaciones imparciales, auditorías transparentes y sentencias sustentadas en pruebas. Los ciudadanos no esperan privilegios para unos ni persecuciones para otros; esperan reglas iguales para todos. Cuando esa igualdad desaparece, también desaparece la confianza que sostiene a cualquier sistema democrático.

Quizá el mayor riesgo para el actual gobierno no sea la existencia de casos de corrupción. México ha convivido con ellos durante décadas y ningún partido puede presumir un historial completamente limpio. El verdadero peligro aparece cuando millones de ciudadanos comienzan a convencerse de que la justicia sigue dependiendo de intereses políticos y no exclusivamente de las pruebas. Esa percepción, fundada o no, representa uno de los mayores desafíos para las instituciones encargadas de procurar justicia, porque basta con que una parte importante de la población deje de creer en su imparcialidad para que toda investigación quede bajo sospecha.

La llamada Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo que nadie volvería a estar por encima de la ley. Aseguró que los privilegios terminarían y que las instituciones dejarían de utilizarse para proteger aliados o perseguir adversarios. Sin embargo, con el paso del tiempo esa narrativa ha comenzado a desgastarse. Cada vez que un caso relacionado con integrantes del oficialismo genera cuestionamientos públicos sin resultados concluyentes, crece la percepción de que los intocables no desaparecieron; simplemente cambiaron de partido.

No se trata de defender a Ernesto Ruffo Appel ni de exonerar a ningún exgobernador, funcionario o servidor público señalado por presuntos actos de corrupción. Si existen pruebas suficientes, los tribunales deben actuar con firmeza y aplicar la ley sin contemplaciones. Esa es la esencia de cualquier Estado democrático. Lo preocupante sería que esa misma determinación no se observara cuando los señalamientos alcanzan a quienes forman parte del grupo político que hoy gobierna el país.

Porque el combate a la corrupción pierde autoridad moral cuando se percibe como una herramienta de confrontación política. Si las instituciones muestran toda su fuerza frente a un opositor, pero actúan con cautela cuando los cuestionamientos involucran a integrantes del oficialismo, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: la ley no está actuando bajo un criterio uniforme, sino bajo criterios de conveniencia política. Esa percepción erosiona la confianza pública mucho más rápido que cualquier discurso puede reconstruirla.

La historia no juzgará este sexenio por el número de conferencias de prensa, por los discursos sobre honestidad o por las campañas de comunicación gubernamental. Lo juzgará por los expedientes que realmente llegaron hasta las últimas consecuencias, por las sentencias obtenidas y por la capacidad de demostrar que la justicia se aplicó exactamente igual contra un adversario político que contra un aliado del gobierno. Ese será el verdadero legado institucional que quedará registrado para las próximas generaciones.

México necesita una Fiscalía que investigue con independencia, auditorías que no distingan colores partidistas y jueces que resuelvan únicamente con base en las pruebas. Necesita instituciones capaces de resistir la presión política y de demostrar que el Estado de derecho no depende del partido que ocupe temporalmente el poder. Sólo así podrá recuperarse la confianza ciudadana en un sistema de justicia que hoy enfrenta uno de sus momentos más delicados.

Porque la corrupción nunca ha tenido ideología. No distingue entre izquierda o derecha, entre gobiernos pasados o presentes, entre discursos de cambio o promesas de transformación. La ley tampoco debería hacerlo. Si realmente se quiere convencer a los mexicanos de que el combate a la impunidad dejó de ser un instrumento político para convertirse en una política de Estado, habrá que demostrarlo investigando con el mismo rigor a todos, incluidos los propios. De lo contrario, la gran promesa que impulsó el cambio político terminará reducida a una amarga conclusión: en México la corrupción sigue siendo castigada… pero únicamente cuando pertenece a la de enfrente.