En la noche del martes, el Parlamento francés aprobó una controvertida ley migratoria con 349 votos a favor y 186 en contra. Este proyecto, respaldado por la ultraderecha y partidos afines al presidente Emmanuel Macron, impone restricciones más estrictas a los inmigrantes no europeos y regula su acceso a ciertas prestaciones sociales en el país. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, destacó la aprobación del texto como un “largo combate para integrar mejor a los extranjeros y expulsar a aquellos que cometieron actos de delincuencia”. Subrayó la firmeza del texto, considerándolo una medida necesaria en este esfuerzo continuo.
La ley había enfrentado rechazo anteriormente en la Asamblea Nacional el 11 de diciembre, pero el gobierno decidió mantener la reforma y convocó una comisión paritaria para buscar un compromiso con la oposición. Las negociaciones, que se centraron en las ayudas sociales para los inmigrantes no europeos en situación irregular, involucraron a la Agrupación Nacional (extrema derecha) y Los Republicanos (derecha). Aunque la orientación final del texto generó tensiones entre los partidos afines a Macron, se llegó a un acuerdo que recibió el respaldo necesario.
El compromiso alcanzado incluye una distinción entre extranjeros no comunitarios, basada en su situación laboral. Para acceder a ciertas prestaciones, se requerirá un mínimo de cinco años de residencia para aquellos que no tienen empleo, mientras que para aquellos con empleo, se exigirá un período mínimo de 32 meses de residencia. Las nuevas restricciones no afectarán a estudiantes extranjeros, refugiados o titulares de tarjetas de residencia.
La ley también introduce la noción de “prioridad nacional”, otorgando ventajas a los ciudadanos franceses sobre los extranjeros presentes en el territorio en el acceso a determinadas prestaciones sociales. Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional, celebró este punto, considerándolo una victoria ideológica para su partido. Por otro lado, diversas organizaciones y sindicatos condenaron el acuerdo y calificaron el proyecto de ley como “el más regresivo desde hace al menos 40 años” en Francia.