En una controvertida medida, el gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei ha anunciado que retirará los apoyos sociales a aquellos que participen en bloqueos de calles y movilizaciones. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, emitió un comunicado calificado como intimidación pública, confirmando que aquellos que participen en protestas perderán sus beneficios sociales. El mensaje fue difundido en las redes sociales del ministerio, advirtiendo que se auditarán las organizaciones que entreguen planes sociales para eliminar la intermediación y que se eliminarán los certificados de presencialidad otorgados por estas organizaciones.
La medida está directamente dirigida a la manifestación convocada para el 20 de diciembre, recordando los eventos de 2001 por los dirigentes de la Unidad Piquetera. El gobierno expresó su preocupación por la seguridad de las madres y niños que participan en estas manifestaciones, instando a respetar el derecho de las personas a circular libremente.
El diputado del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, calificó la medida como anticonstitucional e ilegal, comparándola con actos de intimidación pública ejercidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mientras tanto, Bullrich confirmó la implementación de un nuevo protocolo represivo el miércoles para garantizar el orden público y liberar las vías de circulación.
La medida se suma a otras decisiones controvertidas del gobierno de Milei, como el endeudamiento de 960 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la declaración de emergencia en el sector energético nacional hasta finales de 2024. El gobierno también enfrenta críticas por el paquete de medidas de ajuste anunciado por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que ha comenzado a afectar a los gobiernos provinciales.
