El salario, un nuevo golpe de la 4T a la educación superior

A la disminución sistemática del presupuesto en educación superior, ciencia y tecnología –uno de los más bajos en dos décadas-, ahora se suma la caída en el ingreso salarial de miles de trabajadores universitarios de todo el país.

Las universidades públicas deben enfrentar una severa crisis financiera, pues el presupuesto asignado no es proporcional a su matrícula, a lo que se suma que algunos gobiernos estatales tienen adeudos millonarios con estas instituciones. Hoy el problema se agrava por las condiciones laborales que enfrentarán en el futuro inmediato.

Con una inflación superior al 8.5% al cierre del año, será el mayor nivel en lo que va del siglo, lo que tendrá un impacto brutal en el poder adquisitivo de miles de trabajadores de educación superior. En respuesta, el gobierno destina cada vez menos recursos a las universidades para investigación, infraestructura y mejora salarial.

Por ello, este martes miles de académicos y administrativos de universidades públicas de todo el país llevarán su protesta a la Cámara de Diputados para demandar lo que será una constante para todos los trabajadores: el aumento salarial del próximo año debe ser al menos en la misma proporción que la inflación, es decir, superior al 8 por ciento.

Hace unos días tuve un encuentro con mi amigo de muchos años, Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la FESAPAUV y secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU). Me explicaba que hay pesimismo e irritación entre los trabajadores debido a la merma que han tenido sus salarios.

Por ello, desde hace varias semanas, la CONTU trabaja sobre una iniciativa ciudadana que permita dignificar el salario de los trabajadores a través de la reforma a algunos artículos de la Ley General de Educación Superior y la Ley Federal del Trabajo. La iniciativa cuenta ya con la firma de apoyo de más de 150 mil trabajadores universitarios.

La propuesta que presentarán este martes en la Cámara de Diputados, busca asegurar que anualmente el aumento salarial a los trabajadores de las universidades públicas corresponda al menos con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Lo que hasta este momento es una demanda de los trabajadores universitarios podría convertirse en breve en la posición de toda la clase trabajadora del país para enfrentar la peor inflación que ha registrado el país en los últimos 22 años.

El movimiento de trabajadores universitarios ha sido constante. Primero, con motivo de los déficits financieros que enfrentaban 11 universidades públicas estatales –hoy pendiente de solución sólo cinco gracias a la intervención de la CONTU-; y ahora en respuesta a que la oferta de incremento salarial que han recibido no corresponde al impacto inflacionario previsto para el año próximo.

La crisis de las universidades públicas y de sus trabajadores en todo el país tampoco es casualidad. Según el informe financiero divulgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto que ejerció el gobierno federal en educación superior en los primeros cuatro meses del año registró una reducción de 13.8%, la mayor contracción de la que se tenga registro.

Este martes podríamos presenciar el inicio del mayor movimiento de trabajadores en demanda de su derecho más básico: su salario.

La puntita

En el Congreso, Morena ya prepara el regalo de cumpleaños para el tlatoani: la reforma electoral con la cabeza del INE como tributo.

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