Expresión Ciudadana

La economía mexicana vuelve a colocarse frente a una paradoja que merece una explicación seria. 

Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum presume estabilidad financiera, recuperación económica y los supuestos beneficios del modelo de la Cuarta Transformación, el Banco de México acaba de reducir sorpresivamente su tasa de interés de 6.50 a 6.25 por ciento. 

La decisión puede representar un alivio para determinados sectores, pero también obliga a preguntarnos por qué, después de ocho años de gobiernos de Morena, México continúa enfrentando problemas de productividad, informalidad, endeudamiento y debilidad estructural que ninguna reducción de tasas puede solucionar.

El pasado 5 de noviembre, la Junta de Gobierno del Banco de México aprobó el recorte de 25 puntos base mediante una votación dividida de tres contra dos. Los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja se pronunciaron por mantener la tasa en 6.50 por ciento. 

El desacuerdo resulta significativo porque evidencia que existen distintas valoraciones sobre los riesgos inflacionarios y la conveniencia de seguir flexibilizando la política monetaria. 

No se trata de una decisión menor: el banco central está modificando el costo del dinero en un momento en que la economía presenta señales de recuperación, pero todavía enfrenta importantes desequilibrios.

La inflación es uno de ellos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación general anual alcanzó 3.45 por ciento en septiembre de 2026, mientras que la subyacente se ubicó en 3.75 por ciento. Aunque ambas cifras muestran una moderación respecto de los niveles registrados en otros periodos, continúan por encima del objetivo puntual de 3 por ciento establecido por Banxico. Y aquí aparece una realidad que ningún discurso político puede ocultar: una inflación más baja no significa que los precios hayan regresado a sus niveles anteriores. 

Los mexicanos siguen pagando más por numerosos productos y servicios indispensables.

El problema adquiere mayor relevancia cuando observamos el comportamiento de las finanzas públicas. Según los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al tercer trimestre de 2026, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzó 19.55 billones de pesos, equivalentes al 52.6 por ciento del Producto Interno Bruto. 

Estamos hablando de una deuda pública considerable, cuyo servicio compromete recursos que también son necesarios para atender las demandas sociales. No es suficiente afirmar que el endeudamiento resulta manejable; el gobierno tiene la obligación de demostrar que los recursos obtenidos mediante deuda están generando beneficios económicos duraderos.

Las cifras de Hacienda también muestran una presión que merece atención. Durante los primeros nueve meses de 2026, los ingresos presupuestarios ascendieron a 6.30 billones de pesos, mientras que el gasto neto alcanzó 7.27 billones. 

De acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), elaborado a partir de los informes oficiales de la SHCP, los ingresos registraron una caída real anual de 2.8 por ciento, mientras que los petroleros disminuyeron 21.5 por ciento. 

Esta diferencia entre ingresos y gastos no equivale por sí sola al déficit fiscal, pero evidencia la necesidad de examinar cómo se financian las obligaciones gubernamentales y qué tan sostenible resulta mantener los compromisos presupuestarios.

Todavía más preocupante es el costo de la deuda. 

El mismo análisis del IMCO, basado en información de Hacienda, señala que durante los primeros nueve meses de 2026 el costo financiero ascendió a 959 mil millones de pesos, a pesar de registrar una disminución real de 3.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 

Es una cantidad que permite dimensionar la importancia de administrar responsablemente las finanzas nacionales. 

Mientras los hospitales requieren equipamiento, las escuelas necesitan mantenimiento y numerosas comunidades demandan infraestructura, el Estado debe destinar recursos considerables al cumplimiento de sus obligaciones financieras. 

El endeudamiento no es necesariamente negativo, pero sí debe justificarse con resultados verificables.

Aquí surge uno de los cuestionamientos centrales al modelo económico de la Cuarta Transformación: ¿qué tanto se ha avanzado en la construcción de una economía verdaderamente productiva? Durante años, los gobiernos de Morena han colocado los programas sociales en el centro de su política pública. 

Estos apoyos pueden contribuir al ingreso de millones de hogares, pero no sustituyen la creación de empresas, la inversión tecnológica, el fortalecimiento industrial ni la generación de empleos formales. Una política de bienestar sostenible requiere recursos permanentes, y esos recursos dependen de una economía capaz de producir, invertir y crecer.

Es cierto que existen indicadores positivos. 

La estimación oportuna del INEGI correspondiente al tercer trimestre de 2026 mostró un crecimiento económico de 3.2 por ciento anual y de 0.9 por ciento trimestral. 

Sin embargo, el crecimiento de un trimestre no basta para resolver los problemas acumulados. 

El gobierno debe explicar cómo pretende sostener esa recuperación, elevar la productividad y garantizar que sus beneficios alcancen a las pequeñas empresas, los trabajadores y las regiones que históricamente han enfrentado menores oportunidades de desarrollo.

El Banco de México tampoco puede convertirse en el instrumento encargado de corregir las deficiencias de la política económica federal. 

Su responsabilidad constitucional consiste en procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, no en financiar las prioridades del Ejecutivo ni compensar las insuficiencias de la inversión pública y privada. 

La reducción de las tasas puede disminuir gradualmente ciertos costos financieros, pero no garantiza que los bancos abaraten de inmediato sus créditos ni que las empresas decidan invertir. 

Para eso se necesitan seguridad jurídica, infraestructura, certidumbre regulatoria y condiciones de competencia.

En Veracruz, esta discusión resulta especialmente importante. Los pequeños empresarios, productores agropecuarios, comerciantes y prestadores de servicios enfrentan necesidades que van mucho más allá del costo del financiamiento. Requieren carreteras en buenas condiciones, seguridad para transportar mercancías, servicios públicos eficientes y oportunidades reales de crecimiento. 

Una disminución de 25 puntos base difícilmente transformará sus condiciones si los gobiernos federal y estatal no atienden estos problemas. La economía regional necesita políticas productivas, no únicamente anuncios financieros.

Otro elemento que merece vigilancia es la autonomía del Banco de México.

La decisión de reducir la tasa fue adoptada por mayoría, dentro de sus atribuciones legales, pero la división entre sus integrantes exige transparencia en los argumentos técnicos. La autoridad monetaria reconoció que persisten riesgos al alza para la inflación y anticipó un periodo prolongado de permanencia de la tasa. 

Esto significa que el recorte no debe interpretarse como el inicio automático de una cadena de reducciones ni como una garantía de crecimiento económico acelerado.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta así una responsabilidad que no puede trasladar a Banxico. Después de ocho años de gobiernos de Morena, resulta indispensable evaluar con rigor los resultados del modelo económico impulsado desde 2018. La estabilidad financiera es importante, pero también lo son la calidad del empleo, la productividad, la inversión, la seguridad, la educación y la salud. 

Una transformación económica debe demostrarse mediante resultados sostenibles, no solamente mediante cifras seleccionadas para respaldar el discurso gubernamental.

El problema no consiste en que Banxico haya reducido su tasa de interés. Esa decisión puede estar técnicamente justificada por las condiciones económicas. El verdadero cuestionamiento es que México continúa necesitando reformas y políticas públicas capaces de fortalecer su crecimiento de largo plazo. Ninguna autoridad monetaria puede sustituir la responsabilidad de gobernar, administrar correctamente los recursos públicos y crear condiciones favorables para quienes producen, trabajan e invierten.

La Cuarta Transformación tiene que responder una pregunta fundamental: ¿cómo pretende sostener sus compromisos sociales, atender las necesidades de infraestructura y administrar una deuda de 19.55 billones de pesos sin fortalecer de manera permanente la capacidad productiva del país? 

La respuesta no puede limitarse a nuevos programas, mayores presupuestos o declaraciones optimistas. 

Se necesita disciplina fiscal, inversión eficiente, evaluación del gasto y una estrategia económica que produzca resultados medibles.

México no necesita solamente dinero más barato; necesita un gobierno que demuestre que sabe convertir los recursos públicos en desarrollo. 

Porque Banxico puede reducir las tasas de interés, pero no puede construir hospitales, mejorar escuelas, combatir la inseguridad ni resolver los problemas estructurales que siguen pendientes. 

Esas responsabilidades corresponden al gobierno de la Cuarta Transformación, y es precisamente ahí donde debe concentrarse la exigencia de resultados.