Expresión Ciudadana 

Veracruz no atraviesa una coyuntura complicada ni un bache circunstancial en materia de seguridad pública. Lo que vive es la consecuencia acumulada de años de simulación institucional, de gobiernos que aprendieron a administrar la violencia en lugar de enfrentarla, y de autoridades que confundieron coordinación con dilución de responsabilidades. Hoy el problema ya no es solo cuántos delitos se cometen, sino quién ejerce realmente el control del territorio y de la vida cotidiana.

La extorsión gobierna donde el Estado no llega. El robo con violencia prospera donde la patrulla no aparece. El miedo se volvió una variable cotidiana que ordena horarios, rutas, decisiones económicas y silencios obligados. Presumir que los homicidios no aumentaron no es una victoria: es la confesión de un estancamiento cómodo que sirve para maquillar el deterioro general. La seguridad no mejoró; simplemente dejó de empeorar en su expresión más extrema, mientras todo lo demás se descompone.

Las cifras de 2025 confirmaron esa normalización del fracaso. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz cerró el año con 814 homicidios dolosos, 43 feminicidios y 32 secuestros. No fueron números aislados ni accidentes estadísticos: fueron delitos de alto impacto que evidencian una incapacidad persistente del Estado para proteger la vida. La discusión nunca debió centrarse en si hubo una ligera reducción, sino en por qué la violencia sigue siendo estructural.

El inicio de 2026 no trajo ningún punto de quiebre. Al contrario, confirmó la inercia. En enero, Veracruz volvió a registrar entre uno y siete homicidios dolosos diarios, una cifra que, por sí sola, desmiente cualquier narrativa de pacificación. 

El caso más reciente ocurrió el 16 de enero, cuando fue localizado el cuerpo de una expolicía municipal en Texistepec, en el sur del estado, sobre la carretera Jáltipan–Acayucan. El cadáver presentaba impactos de bala, signos de tortura, ojos vendados y manos atadas.

Ese crimen no solo fue brutal: fue simbólico.

Cuando ni siquiera quienes alguna vez portaron uniforme escapan a la violencia extrema, lo que queda claro es que el control territorial ya no distingue roles ni jerarquías. La violencia no es episódica ni localizada: es sistémica.

Días antes, el 4 de enero, se reportaron siete homicidios dolosos en una sola jornada en distintos municipios del estado. No hubo estado de emergencia, ni reconocimiento público de crisis. Hubo silencio administrativo y normalización. En Veracruz, matar dejó de ser noticia excepcional para convertirse en dato cotidiano.

Los casos del asesinato del periodista Carlos Castro y de la detención del reportero Rafael N condensan con crudeza el escenario que enfrenta la prensa en Veracruz: informar sobre la violencia se ha vuelto una actividad de alto riesgo tanto frente al crimen organizado como frente al propio Estado.

Castro fue asesinado a balazos en Poza Rica tras haber denunciado amenazas y luego de que le fueran retiradas medidas de protección; pero el daño no terminó con su muerte. 

Días después, la Comisión Nacional de Búsqueda activó fichas para localizar a su pareja, Wendy Arantxa Portilla, y a su amiga Karime Monserrat Murrieta, quienes desaparecieron tras asistir a su funeral y cuya última ubicación conocida también fue Poza Rica, ampliando el caso de un homicidio a un entorno de desaparición y terror extendido. 

En paralelo, Rafael N fue detenido en Coatzacoalcos bajo acusaciones de terrorismo y otros delitos graves, en un proceso que organizaciones como Artículo 19 han advertido podría constituir criminalización de la labor periodística. 

Uno fue silenciado con balas; el otro, mediante el aparato penal. Ambos casos —sumados ahora a la desaparición de personas cercanas a una víctima— envían un mensaje alarmante: en Veracruz, documentar la inseguridad no solo expone a periodistas al asesinato o a la persecución institucional, sino que arrastra a su entorno a una espiral de miedo, impunidad y silencio que erosiona directamente la libertad de expresión y el derecho básico a la vida.

Los registros de diciembre de 2025 refuerzan esta lectura. En un solo mes se abrieron 65 carpetas por homicidio doloso, 539 por lesiones, 3 feminicidios, 2 secuestros, 252 investigaciones por narcomenudeo y 1,429 denuncias por robo. No es una fotografía del pasado: es el punto de partida del presente.

La zona sur del estado —Acayucan, Jáltipan, Texistepec— se mantiene como un punto crítico por la presencia de grupos delictivos y la disputa territorial. 

No es casualidad. Es la consecuencia directa de una estrategia de seguridad fragmentada, reactiva y más preocupada por el discurso que por el control real del territorio.

En este contexto, la única referencia institucional relevante fue la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, ante el Congreso local, que dejó más dudas que certezas. No ofreció un diagnóstico sólido; exhibió un aparato de seguridad que administra el desgaste político, pero no la violencia.

El deterioro también se expresa en decisiones locales que normalizan el miedo como política pública. El caso de Coatzintla es ilustrativo. Tras un ataque armado en un bar, el alcalde Jorge Alanís pidió a la población no salir de sus casas después de las diez de la noche. Jurídicamente no fue un toque de queda. Políticamente fue una confesión: el Estado no puede garantizar seguridad nocturna.

Con solo ocho policías municipales, el municipio depende del apoyo estatal para existir en términos de seguridad. Días antes se habían presumido operativos con la Secretaría de la Defensa Nacional.

La violencia ocurrió de todos modos. El contraste es claro: operativos sin control territorial son escenografía, no política de seguridad.

La inseguridad ya no solo afecta a la vida cotidiana; golpea de lleno a la economía. En Veracruz se registra al menos un robo diario de maquinaria, equipos o insumos industriales en zonas fabriles y carreteras.

Según Gonzalo Tress Capitaine, de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, existen siete focos rojos en zonas limítrofes del estado que requieren coordinación con entidades vecinas. Cuando la industria tiene que mapear el riesgo por su cuenta, el Estado ya perdió la rectoría.

Aun así, el gobierno insiste en sostener una narrativa optimista apoyándose en índices. El Instituto para la Economía y la Paz colocó a Veracruz en el lugar 11 del Índice de Paz México 2025. Pero el propio informe advierte que la mejora en algunos delitos convive con una disminución en la calificación total de paz, altos niveles de violencia sexual, crecimiento del crimen organizado y una percepción de inseguridad que sigue siendo alarmante.

La magnitud del problema también se refleja en su costo social. Según el Instituto para la Economía y la Paz, la violencia le costó a Veracruz 207 mil millones de pesos en un solo año, el equivalente a 23 mil 713 pesos por habitante. Además, el 79.3 por ciento de la población declaró sentirse insegura. 

Ningún ranking puede maquillar ese dato: la población no “malinterpreta” la realidad, la vive.

Investigadores y activistas han advertido incluso posibles subregistros de homicidios y un incremento de las desapariciones, lo que cuestiona la solidez del discurso oficial. Mejorar una posición en un índice no significa vivir en paz cuando los asesinatos, las torturas y las ejecuciones siguen ocurriendo con regularidad.

Uno de los puntos más alarmantes sigue siendo la violencia sexual, con 417.8 casos por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas del país.

Para Araceli González Saavedra, de Equifonía, el problema no es solo criminal, sino institucional: negligencia, revictimización y normalización de la violencia contra niñas y mujeres.

Por eso es peligroso celebrar avances marginales como si fueran transformaciones profundas. 

La paz no es la ausencia parcial de delitos; es confianza en las instituciones, y esa confianza hoy está rota. En Veracruz, el Estado ha sustituido la política de seguridad por la administración del relato.

Presumir estadísticas mientras los homicidios siguen ocurriendo a diario, los alcaldes piden encierro nocturno, la industria se defiende sola y la percepción de inseguridad roza el 80 por ciento es confundir equipamiento con autoridad.

La seguridad no se mide en rankings ni en comunicados. Se mide en la posibilidad de vivir sin miedo, de circular sin horarios impuestos por el crimen, de no encontrar cuerpos torturados en las carreteras.

Mientras eso no cambie, Veracruz no estará avanzando. Estará aceptando que el miedo sustituya a la autoridad, que la violencia se vuelva una rutina administrable y que la seguridad deje de ser una obligación del Estado para convertirse en una responsabilidad individual. 

Estará gobernando desde el discurso y no desde el territorio, celebrando mejoras marginales mientras la vida cotidiana sigue marcada por asesinatos, extorsiones, encierros forzados y silencios impuestos.

Veracruz no está transitando hacia la paz: está aprendiendo a coexistir con la violencia sin cuestionar sus causas ni asumir responsabilidades. Y cuando un gobierno se acostumbra a esa lógica, el problema ya no es solo el crimen que avanza, sino el Estado que retrocede, resignado a explicar la inseguridad en lugar de combatirla.