En vísperas de conmemorarse el histórico 20 de diciembre en Argentina, fecha marcada por las protestas de 2001 que desencadenaron una crisis política, el presidente Javier Milei enfrenta una profunda crisis económica y social. La tensión crece ante la anunciada manifestación, para la cual el Gobierno ha introducido un polémico protocolo de seguridad.
Este nuevo protocolo prohíbe a los manifestantes bloquear vías públicas, facultando a las fuerzas de seguridad para dispersarlos. Además, contempla duras sanciones, incluso la posibilidad de retirar subsidios sociales a aquellos que violen estas disposiciones. El mensaje “El que corta no cobra” ilustra la firme postura gubernamental, instando a denunciar cualquier coerción a participar en las protestas.
Álvaro Herrero, experto en Ciencias Políticas, señala que estas restricciones representan un cambio de paradigma, reflejando la promesa electoral del Gobierno de poner fin a los bloqueos en calles, rutas y autopistas. Sin embargo, plantea dudas sobre la aplicabilidad de estas medidas en manifestaciones multitudinarias.
A nivel jurídico, el constitucionalista Eduardo Barcesat sostiene que el protocolo vulnera la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, al traspasar competencias del poder ejecutivo en materia penal y procesal. Considera que estas acciones buscan sobrepasar la división de poderes, fundamental en el Estado de derecho.
Herrero, por su parte, destaca la necesidad de un debate legislativo para abordar estos temas, cuestionando la validez de medidas administrativas frente a la complejidad de situaciones como el uso de herramientas biométricas o la prohibición de llevar menores a las protestas.
Ambos expertos critican la falta de razonabilidad en algunas disposiciones del protocolo, como la filmación indiscriminada en colectivos, y cuestionan la facultad de imponer multas por parte de autoridades administrativas sin intervención judicial previa.
En conclusión, estas medidas, según Barcesat, reflejan un “dispositivo de terror” que va en contra de la legitimidad y estructura jerárquica del orden jurídico argentino. Herrero advierte que la imposición de orden mediante la fuerza excesiva puede provocar más protestas, recordando experiencias en la región.
