Como medida central ante los hechos que han derivado en revisiones y señalamientos relacionados con contrataciones institucionales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de la función de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto correspondiente al periodo 2016-2026, y aprobó una serie de medidas orientadas a fortalecer la integridad institucional, reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, implementación de mecanismos de denuncia y dar seguimiento específico de las contrataciones relacionadas con el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.
Adicionalmente, avaló la elaboración de un Plan de Acción Crítico a fin de asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para el cumplimiento de las funciones institucionales y para la organización de la elección en curso.
Asimismo, el acuerdo define la colaboración plena del Instituto con las autoridades fiscalizadoras, la preservación inmediata de documentación física y electrónica vinculada con procesos de contratación, la integración de un inventario institucional de adquisiciones y la entrega oportuna de información a las instancias competentes.
En este marco, se establece que corresponderá exclusivamente a la ASF determinar el alcance, la muestra, los procedimientos y las modalidades de fiscalización que, en su caso, resulten procedentes.
De igual forma, se propone revisar el padrón de proveedores del INE, habilitar un mecanismo para la recepción de información relacionada con posibles hallazgos, solicitar información a otras autoridades en el ámbito de sus atribuciones y evaluar medidas adicionales orientadas al fortalecimiento de los procedimientos de contratación y supervisión institucional.
Las medidas planteadas tienen como propósito facilitar las revisiones correspondientes, fortalecer los mecanismos institucionales de control y asegurar la colaboración con las autoridades competentes. También, señala que cualquier determinación sobre presuntas irregularidades o responsabilidades deberá derivar de los procedimientos previstos en la ley, con estricto respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.