Presencia.
“Advierte sobre el peligro de una eventual censura previa”
- “Quién decidirá cuándo la información es verdadera o falsa”
- Ninguna autoridad puede sentirse “calificadora de la verdad”
- Consulta pública de lineamientos termina hoy 21 de agosto
- “Incluir el pluralismo de convicciones y creencias religiosas”
- “La verdad no se decreta, se busca en debate libre y plural”
Un interesante y detallado artículo de David Ramos para ACI Prensa, donde pregunta ¿que planea el gobierno y por qué preocupa a la Iglesia, el proyecto de regulación impulsado por el Gobierno de México para la “protección de los derechos de las audiencias” de radio y televisión, que provocó acusaciones de censura entre medios de comunicación, organizaciones civiles y partidos de oposición.
La preocupación llegó también a la Iglesia Católica, toda vez que la Arquidiócesis Primada de México, la Arquidiócesis de Guadalajara y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) han defendido la importancia de proteger los derechos de las audiencias, pero al mismo tiempo han alertado que ninguna autoridad administrativa puede convertirse en “calificadora de la verdad”.
Para el periodista graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Privada del Norte en Trujillo, Perú, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigor desde 2025, reconoce una serie de derechos para quienes escuchan radio o ven televisión. Lo que ahora se discute son los lineamientos para aplicarlos, precisa.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene estas reglas en consulta publica desde el 27 de julio y concluye hoy 21 de agosto, y afirma que “el proyecto establece que las estaciones de radio y televisión deberán distinguir claramente entre información y opinión, así como entre contenido y publicidad. También deberán ofrecer mecanismos para el derecho de réplica y contar con un código de ética y una persona defensora de las audiencias”.
Recuerda que en la presentación de éste, “la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, dijo que las audiencias podrían presentar una queja ante esa defensoría. Si el medio no atendiera su recomendación, el caso podría llegar hasta la CRT”; amén de que “la legislación contempla ‘multas y sanciones, como última instancia’ para los medios que no pongan a disposición esos mecanismos, no nombren a un defensor o no emitan su código de ética”.
Sobre el este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que estas disposiciones busquen controlar los contenidos. “No hay censura, ni va a haber censura”, aseguró en su conferencia mañanera del 29 de julio.
“El medio puede publicar dentro de un Código de Ética definido por el propio medio. Por eso decimos que es un proceso de autorregulación”, refirió un día antes señala el comunicador que tiene más de 12 años de experiencia en periodismo católico trabajando en ACI Prensa.
Frente a las reiteradas críticas, desde el Gobierno mexicano se aseguró el 4 de agosto que los lineamientos “no hablan de sancionar contenidos ni que el Estado determinará qué es verdad y qué no”, sostiene.
Según la explicación oficial, “los propios medios de comunicación son quienes deben de emitir un Código de Ética estableciendo cómo garantizar que la información sea certificada y verificada, además de nombrar a un defensor de audiencias y poner a disposición mecanismos de defensa”.
En su excelente trabajo aborda por qué los medios y opositores hablan de censura, donde señala que “el punto más discutido es quién determinará si una información es falsa, está descontextualizada o fue presentada de forma incorrecta”. Pero en este comentario nos referimos sólo a por qué preocupa la propuesta a la iglesia.
“Desde la Iglesia Católica en México se ha reconocido la importancia de proteger los derechos de las audiencias, al tiempo que se ha advertido sobre el peligro de una eventual censura previa y de que una autoridad llegue a tener facultades para definir qué es verdad y qué no”, recuerda y enseguida dice:
“En un editorial publicado el 1 de agosto, la Arquidiócesis Primada de México, alertó que ‘no puede existir censura previa’ y que ninguna autoridad administrativa puede determinar la veracidad, legitimidad o aceptabilidad de las opiniones”.
Para enseguida, el periodista que radica en México desde 2018, expresa:
“Tras reconocer que ‘la libertad de expresión implica responsabilidades cuando la comunicación causa daños a la dignidad o a los derechos de otras personas’, la Arquidiócesis de México indicó que ‘el debate no consiste únicamente en definir hasta dónde puede llegar la regulación del Estado, sino en asumir la responsabilidad ética que acompaña toda tarea de comunicar”’.
Recuerda también que el 8 de agosto, el editorial de ‘Semanario’, publicación de la Arquidiócesis de Guadalajara, se tituló “La tentación del Estado de regular la verdad”.
“La cuestión central respecto a los lineamientos, indicó el medio arquidiocesano, “no radica en la importancia de combatir las noticias falsas, sino en determinar quién tendrá la autoridad para decidir cuándo una información es verdadera, falsa o presentada fuera de contexto”, y añade:
“Días después, la Conferencia del Episcopado Mexicano reconoció aspectos positivos en el proyecto de regulación, como la prohibición expresa de la censura previa, la no discriminación por motivos religiosos y la protección de los grupos vulnerables”, pero también señala:
“Sin embargo, los obispos mexicanos advirtieron que la verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural. Para la CEM, a la información periodística se le puede exigir diligencia: contrastar, verificar, distinguir el hecho de la opinión, rectificar el error”.
Al mismo tiempo, los obispos subrayaron que “ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas”.
Además trae a colación que “los obispos también recordaron que las asociaciones religiosas no pueden poseer ni administrar concesiones de radio y televisión en México, por lo que pidieron que el pluralismo contemplado por los lineamientos incluya también el pluralismo de las convicciones y creencias religiosas”.
Y acota, quien cubrió los viajes del Papa Francisco a Ecuador, Paraguay, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá:
“En ese marco, los obispos alentaron a todos los ciudadanos a expresarse en la consulta de los lineamientos, pues la participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común; una democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan, no cuando callan”.
(ACI Prensa es una agencia de noticias católica con sede en Lima, Perú. Ofrece información en español sobre la doctrina católica, da a conocer la actuación de la Iglesia católica en el mundo y trata temas de actualidad desde el punto de vista católico. Sus contenidos son distribuidos vía Internet o a través de programas de radio y televisión. Fue fundada el 13 de marzo de 1980 por el sacerdote misionero comboniano alemán Adalberto María Mohn († 1987). Su nombre original era Agencia Católica de Informaciones)


