Expresión Ciudadana

El gobierno de Veracruz puede llenar sus comunicados con frases optimistas, presumir ferias del empleo, anunciar inversiones que todavía no aterrizan y repetir que la entidad atraviesa una etapa de prosperidad; sin embargo, hay una cifra que resulta mucho más difícil de maquillar: durante el primer semestre de 2026, el estado perdió 5 mil 39 puestos de trabajo formal.

No se trata de una estimación de la oposición, de una interpretación política ni de un cálculo elaborado desde las redes sociales. La cifra proviene de los registros administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el principal indicador para medir la evolución del empleo formal en el país, y forma parte del análisis realizado por la organización México, ¿Cómo Vamos? con información correspondiente al cierre de junio.

El dato coloca a Veracruz entre las nueve entidades del país que, lejos de generar empleo, terminaron destruyendo plazas registradas ante el IMSS. La noticia resulta especialmente preocupante porque ocurre en un estado que, de acuerdo con el discurso oficial, vive una etapa de crecimiento económico, fortalecimiento de la inversión y desarrollo productivo.

La pérdida de un empleo formal va mucho más allá de una cifra estadística. 

Detrás de cada baja existe una persona que deja de cotizar para su retiro, pierde acceso a la seguridad social vinculada a su trabajo, al crédito para vivienda, a prestaciones como aguinaldo y vacaciones, y enfrenta una mayor incertidumbre económica. 

Para miles de familias veracruzanas, perder un empleo formal significa perder estabilidad y reducir sus posibilidades de mejorar su calidad de vida.

El contraste con la narrativa gubernamental resulta inevitable. El pasado 15 de marzo de 2026, el propio Gobierno del Estado informó que Veracruz ocupaba el cuarto lugar nacional en generación de empleo formal, después de registrar 17 mil 966 nuevos puestos durante enero y febrero. 

El anuncio fue presentado como prueba del dinamismo económico de la entidad y como evidencia de que la estrategia oficial estaba dando resultados.

Sin embargo, apenas cuatro meses después el panorama cambió por completo. Al cierre de junio, el saldo acumulado ya era negativo: Veracruz registraba una pérdida de 5 mil 39 empleos formales. Esto significa que entre el resultado positivo presumido durante los primeros meses del año y el cierre del semestre se produjo un deterioro cercano a 23 mil puestos de trabajo.

La diferencia no es menor. 

Esa diferencia en el manejo de la información refleja una práctica cada vez más común: cuando los indicadores benefician al gobierno se convierten en propaganda; cuando muestran retrocesos, simplemente dejan de mencionarse.

Pero el problema no puede atribuirse únicamente a un mal mes. El deterioro forma parte de un contexto nacional complejo. 

De acuerdo con el Semáforo de Empleo Formal de México, ¿Cómo Vamos?, durante el primer semestre de 2026 el país generó 262 mil 628 empleos registrados ante el IMSS, muy por debajo de la meta aproximada de 100 mil nuevos puestos mensuales que México necesita para absorber a quienes cada año se incorporan al mercado laboral.

El resultado fue el segundo peor primer semestre en generación de empleo formal desde 2005, excluyendo únicamente los años marcados por crisis extraordinarias como 2008, 2009 y la pandemia de 2020. 

De las 32 entidades federativas, únicamente siete alcanzaron su meta de creación de empleo; 23 permanecieron en semáforo rojo y nueve, entre ellas Veracruz, terminaron perdiendo puestos de trabajo.

Que el contexto nacional sea adverso no exime de responsabilidad a la administración estatal. 

Al contrario, obliga a preguntarse qué políticas públicas se implementaron para proteger el empleo, atraer inversiones y evitar que miles de trabajadores abandonaran la formalidad. Hasta ahora, las respuestas han sido más visibles en conferencias de prensa y boletines oficiales que en los indicadores económicos.

Veracruz cuenta con ventajas que pocos estados poseen: puertos estratégicos, una ubicación privilegiada para el comercio internacional, recursos energéticos, actividad industrial, agrícola, ganadera, turística y petroquímica. Sin embargo, ese potencial no se ha traducido en una economía capaz de generar empleos formales suficientes, estables y bien remunerados. La riqueza geográfica del estado sigue sin convertirse en bienestar para quienes buscan una oportunidad laboral.

El gobierno estatal podría responder que Veracruz mantiene una de las tasas de desocupación más bajas del país y utilizar ese dato como prueba de que el mercado laboral permanece sólido. Sin embargo, esa explicación resulta incompleta. Tener una ocupación no significa necesariamente contar con un empleo digno. Una persona puede trabajar todos los días y, aun así, hacerlo sin contrato, sin seguridad social, sin prestaciones y con ingresos insuficientes para sostener a su familia.

Precisamente ahí radica una de las mayores distorsiones de las estadísticas laborales. 

El propio Gobierno de Veracruz presumió una tasa de ocupación del 98.1 por ciento y una desocupación de apenas 1.9 por ciento. No obstante, esos indicadores no distinguen entre un trabajador con empleo formal y otro que sobrevive vendiendo mercancías en la calle, laborando por cuenta propia o desempeñando actividades eventuales sin ninguna protección laboral.

La realidad aparece cuando se analizan los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Durante el primer trimestre de 2026, 32.6 millones de mexicanos trabajaban en condiciones de informalidad, lo que representa 54.8 por ciento de toda la población ocupada del país. 

Además, esta cifra aumentó en 583 mil personas respecto al mismo periodo de 2025. A ello se suma otro dato preocupante: 47 por ciento de los trabajadores percibe hasta un salario mínimo, mientras que la tasa de condiciones críticas de ocupación ascendió a 38.8 por ciento, reflejando un deterioro en la calidad del empleo.

Estos datos permiten entender que el verdadero problema no es únicamente la pérdida de plazas registradas ante el IMSS. El riesgo mayor consiste en que miles de personas, al quedarse sin un empleo formal, terminan incorporándose a la economía informal para poder subsistir. 

No desaparecen de las estadísticas laborales; simplemente cambian un empleo con prestaciones por otro donde carecen de seguridad social, ahorro para el retiro, crédito para vivienda y estabilidad económica.

Veracruz conoce bien esa realidad. 

La economía estatal depende en buena medida del comercio, los servicios, las actividades agropecuarias y miles de pequeños negocios familiares, sectores donde históricamente la informalidad mantiene una presencia importante. 

Los datos específicos de Veracruz muestran una realidad todavía más preocupante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, durante el primer trimestre de 2026 el estado registró una tasa de informalidad laboral de 68.9 por ciento, una de las más altas del país. 

En términos prácticos, casi siete de cada diez veracruzanos que trabajan lo hacen sin seguridad social, sin prestaciones y sin las garantías que ofrece un empleo formal. De los 3.35 millones de personas ocupadas en la entidad, apenas el 31.1 por ciento cuenta con un empleo formal. 

Con estos indicadores, Veracruz se ubicó como el séptimo estado con mayor informalidad laboral en México. 

Cada empleo formal que desaparece incrementa la presión sobre ese mercado laboral precario, obligando a muchas personas a aceptar cualquier oportunidad de ingreso, aunque ello implique renunciar a derechos laborales básicos.

Las consecuencias trascienden a los propios trabajadores. Una economía con altos niveles de informalidad recauda menos impuestos, recibe menos aportaciones al IMSS y al Infonavit, reduce el ahorro para el retiro y limita el acceso al financiamiento tanto de las familias como de las empresas. 

En otras palabras, la informalidad no solo afecta a quien pierde su empleo; termina debilitando la capacidad de crecimiento de todo el estado. Por ello resulta engañoso presentar una baja tasa de desempleo como sinónimo de éxito económico. 

Un trabajador que vende productos en la vía pública porque perdió su empleo formal aparece estadísticamente como una persona ocupada. Lo mismo ocurre con quien realiza trabajos ocasionales o presta servicios sin contrato. Las cifras oficiales pueden reflejar una ocupación elevada, pero eso no significa que exista un mercado laboral sano ni que las familias hayan mejorado su nivel de vida.

Detrás de la pérdida de empleos también existe un factor que pocas veces aparece en los discursos oficiales: la confianza para invertir. 

Ninguna empresa contrata personal únicamente porque un gobierno anuncie programas o inaugure ferias del empleo. 

Las contrataciones ocurren cuando existen condiciones para producir, vender y crecer con certidumbre.

Para cualquier inversionista, las decisiones de expansión dependen de factores muy concretos: seguridad pública, infraestructura eficiente, disponibilidad de energía, carreteras en buen estado, acceso al financiamiento, estabilidad jurídica y reglas claras para hacer negocios. Cuando alguno de esos elementos falla, la primera consecuencia suele reflejarse en la generación de empleo.

En Veracruz persisten problemas que durante años han limitado el desarrollo económico. 

Empresarios de distintos sectores continúan señalando la inseguridad, la extorsión, el deterioro de la infraestructura carretera, la excesiva carga burocrática y la lentitud de diversos trámites como obstáculos para ampliar sus operaciones. A ello se suma una economía con bajo poder adquisitivo que reduce el consumo interno y limita el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 

Son precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas las que generan la mayor parte del empleo en México. 

Sin embargo, muchas sobreviven enfrentando incrementos en los costos de operación, mayores obligaciones fiscales, tarifas elevadas de energía, dificultades para acceder al crédito y un mercado que consume cada vez menos. 

Mientras las grandes inversiones anunciadas por los gobiernos suelen tardar años en concretarse, estos pequeños negocios son los que diariamente sostienen miles de fuentes de trabajo y, al mismo tiempo, los más vulnerables frente a cualquier desaceleración económica.

El propio comportamiento de la industria confirma ese debilitamiento. Durante el primer semestre de 2026, las industrias de la transformación generaron apenas 62 mil 480 empleos formales en todo el país, uno de los resultados más bajos registrados para un periodo similar fuera de años de crisis. 

Tan solo durante junio ese sector perdió 5 mil 242 puestos de trabajo, reflejando la desaceleración que atraviesa buena parte de la actividad productiva nacional.

México, ¿Cómo Vamos? atribuye este comportamiento a la debilidad de la inversión fija, la cual acumulaba 19 meses consecutivos de contracciones anuales hasta marzo de 2026. Cuando las empresas dejan de invertir, dejan también de ampliar plantas, adquirir maquinaria, abrir sucursales o contratar personal. 

Es una cadena económica que termina impactando directamente en el mercado laboral. Otro indicador que merece atención es la disminución de los registros patronales. 

Al 30 de junio de 2026, el IMSS contabilizó un millón 15 mil 100 registros patronales, cifra que representa una reducción anual de 2.5 por ciento. 

El propio Instituto aclara que esta disminución no implica necesariamente el cierre de empresas, ya que también puede responder a procesos de depuración administrativa o eliminación de registros inactivos. Sin embargo, cuando este indicador coincide con una menor creación de empleos, una inversión debilitada y un crecimiento económico limitado, constituye una señal que difícilmente puede ignorarse. A pesar de estos datos, el gobierno estatal continúa privilegiando una narrativa basada en anuncios, convenios y expectativas de inversión antes que en resultados verificables. 

Se presentan proyectos como si fueran empleos ya creados, se organizan eventos para promover oportunidades laborales, pero pocas veces se informa cuántas de esas vacantes permanecen activas meses después, cuáles ofrecen salarios competitivos o cuántas representan verdaderas oportunidades de desarrollo profesional. La diferencia entre una estrategia económica y una estrategia de comunicación es enorme. 

La primera produce empresas, inversión y empleos; la segunda produce titulares. Veracruz necesita mucho más de la primera que de la segunda. Porque mientras la administración concentra esfuerzos en construir una narrativa optimista, miles de trabajadores continúan enfrentando una realidad marcada por la incertidumbre laboral y la falta de oportunidades para acceder a un empleo formal.

Ese es, quizá, el mayor desafío que enfrenta hoy el estado. No basta con atraer una inversión aislada ni con anunciar proyectos de gran tamaño si la economía cotidiana sigue siendo incapaz de ofrecer estabilidad a quienes todos los días buscan un trabajo digno. La verdadera transformación económica no se mide por el número de conferencias de prensa ni por los boletines difundidos, sino por la cantidad de familias que logran mejorar su calidad de vida gracias a un empleo estable, bien remunerado y con prestaciones. 

Hoy, las cifras demuestran que Veracruz todavía está lejos de alcanzar ese objetivo.

La generación de empleo formal debería ser uno de los principales indicadores para evaluar a cualquier gobierno. Ningún programa social puede sustituir la estabilidad que ofrece un trabajo con prestaciones, seguridad social y posibilidades de crecimiento. 

Cuando disminuyen los empleos formales, también se debilitan el consumo, la inversión y las oportunidades para miles de familias.

Los datos no tienen ideología ni intereses políticos. Los registros del IMSS simplemente reflejan lo que ocurre en el mercado laboral. Y hoy muestran que Veracruz enfrenta un retroceso que no puede ocultarse con boletines o conferencias de prensa.

Porque al final, los discursos no pagan la renta, no llevan comida a la mesa ni garantizan un futuro para las familias. Los empleos sí.

Mientras el gobierno continúe privilegiando la propaganda sobre los resultados, miles de veracruzanos seguirán esperando lo que más necesitan: oportunidades reales para trabajar, crecer y vivir con dignidad.