Escuelas públicas podrán recibir
apoyo, aunque no tengan escrituras
Héctor Yunes Landa*
El viernes pasado, los diputados aprobamos una reforma que permitirá que las escuelas públicas puedan recibir recursos tanto del gobierno federal, estatal o municipal aun cuando no cuenten con escrituras que garanticen certeza jurídica, sin que esto implique una sanción por parte del Órgano de Fiscalización Superior.
Esto sin duda es una noticia muy importante para todos: para maestros, alumnos y padres de familia.
Se resuelve un problema que durante años fue ignorado: cientos de escuelas públicas operan desde hace veinte o treinta años sin contar con la certeza jurídica del predio donde fueron construidas.
Algunas se encuentran en terrenos pertenecientes a núcleos agrarios; otras fueron edificadas en predios donados por familias cuyos propietarios ya fallecidos. Y en muchos casos, ni siquiera existe un propietario plenamente identificado que pueda formalizar la escrituración.
Esas circunstancias nunca impidieron que la Secretaría de Educación de Veracruz reconociera oficialmente su funcionamiento, les asignara una clave de centro de trabajo y autorizara la prestación del servicio educativo. Lo que sí impidieron es que se destinaran recursos a su infraestructura y mantenimiento.
Mientras la autoridad educativa reconocía oficialmente los planteles, las normas en materia de fiscalización impedían destinar recursos para construir aulas, rehabilitar sanitarios, impermeabilizar edificios o equipar espacios escolares debido a la falta de certeza jurídica sobre los inmuebles.
Las consecuencias de esa contradicción las pagaron miles de estudiantes que durante años tuvieron que asistir a escuelas con techos deteriorados, instalaciones eléctricas deficientes, mobiliario insuficiente y espacios que no reunían las condiciones adecuadas para el aprendizaje.
Incluso, cuando alguna autoridad municipal o estatal realizaba obras en estas condiciones, los órganos fiscalizadores podían imponer observaciones y sanciones por el ejercicio de recursos públicos.
Ahora, con el solo hecho de acreditar la operación regular del plantel, el reconocimiento oficial de su funcionamiento y la matrícula correspondiente, las autoridades podrán invertir sin ninguna consecuencia de fiscalización.
Con esta modificación legal se abre la posibilidad de que la Secretaría de Educación de Veracruz y los ayuntamientos puedan construir nuevas aulas, rehabilitar edificios, mejorar instalaciones sanitarias, dotar de mobiliario y equipamiento, fortalecer la accesibilidad y elevar las condiciones de seguridad para miles de estudiantes de educación básica y media superior. Esperemos que así suceda.
La educación no puede seguir siendo rehén de trámites administrativos ni de obstáculos legales que, durante décadas, han impedido que miles de niñas, niños y jóvenes estudien en espacios dignos.
Y lo digo como un diputado de oposición: cuando las cosas se hacen bien, cuando se hacen con responsabilidad, cuando se hacen en beneficio del mayor valor de una sociedad como lo es la infancia, siempre contarán con nuestro voto y nuestro compromiso.
Con esta reforma hemos ganado todos…
La puntita
Cuitláhuac García pagó obras inconclusas y de mala calidad, lo que significó un daño patrimonial por 112 millones de pesos; además, entregó al menos 583 contratos en opacidad entre 2020 y 2022, revelan las auditorías. Sigue brotando la corrupción en absoluta impunidad.
*Presidente de Alianza Generacional por Veracruz