El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha dictaminado que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es inconstitucional, anulando su establecimiento como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este veredicto se produjo en respuesta a un juicio de amparo presentado por un contribuyente, quien alegó ser perjudicado por las acciones de la ANAM. Según el tribunal, la creación de la ANAM a través de un reglamento contradice las facultades exclusivas conferidas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia aduanera, establecidas por la Ley del SAT. La sentencia podría sentar un precedente para futuros desafíos legales sobre la legalidad y operación de la agencia aduanera.
La ANAM fue formalmente establecida en 2022 mediante reformas a los reglamentos internos de Hacienda y del SAT, así como la emisión del Reglamento Interior de la ANAM en 2021. Estos reglamentos otorgaron a la ANAM diversas atribuciones en materia de comercio exterior y aduanas, anteriormente bajo la jurisdicción del SAT. Entre las responsabilidades asignadas a la ANAM se encuentran la administración, control y vigilancia de actividades aduaneras, regulación de la entrada y salida de mercancías, aplicación de regulaciones y restricciones no arancelarias, y la gestión de procedimientos administrativos relacionados. La sentencia, aunque específica para el demandante, plantea interrogantes más amplios sobre la legalidad y funciones de la ANAM, lo que podría dar lugar a futuros cuestionamientos legales y juicios adicionales.
Este fallo judicial pone de manifiesto la tensión entre la creación de la ANAM como un esfuerzo por mejorar la calidad y eficiencia de los servicios aduanales y el respeto de las facultades legales exclusivas conferidas al SAT en materia aduanera. Aunque la ANAM fue creada con el objetivo de impulsar el cumplimiento de normas jurídicas relacionadas con el comercio internacional y fortalecer los servicios aduanales, la sentencia destaca la importancia de garantizar que cualquier entidad creada por el gobierno cumpla con las disposiciones constitucionales y legales establecidas. Esto podría llevar a una revisión más profunda de la estructura y funciones de la ANAM, con posibles implicaciones significativas para el panorama aduanero y comercial en México.
