PERFILANDO
A Grupo MAS le salió una alcaldesa que está haciendo preguntas bastante incómodas: cuánto cobran, dónde está el dinero y con qué documentos pretenden seguir cobrándole a los jarochos.
Porque para exigirle al ciudadano, puntualitos. Pero cuando toca explicar las cuentas de la concesión, aparecen los pendientes.
Y vaya pendientes.
El asunto ya llegó a la discusión nacional.
Salvador García Soto lo puso sobre la mesa en su columna de El Universal: “mientras la presidenta Claudia Sheinbaum plantea mantener el agua en manos públicas, en Veracruz la concesionaria vinculada con Acciona ha cobrado, según el columnista, más de 11 mil millones de pesos a los jarochos. Su señalamiento fue directo: “Auditorías van y vienen y al Grupo MAS nadie lo toca”.
El dato político es ese, el caso ya rebasó las fronteras de Veracruz. Las preguntas sobre el negocio del agua porteña empiezan a hacerse desde la prensa nacional.
Y ahí conviene completar la fotografía: Rosa María Hernández Espejo está actuando. Promovió auditorías, cuestionó los resultados y llevó las operaciones de la empresa ante la Fiscalía.
Ahora falta que las demás autoridades hagan su parte. Porque una alcaldesa puede presentar la denuncia; lo que no puede es investigar, procesar y sentenciar por todas las instituciones.
Rosa María Hernández Espejo llevó el asunto a la Fiscalía General del Estado. El pasado 19 de octubre, su Ayuntamiento informó de una denuncia por posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa. La denuncia pide investigar operaciones concretas, con cantidades y destinatarios.
Le explico.
Entre los señalamientos están pagos por 176.7 millones de pesos durante 2024 y 2025 a empresas vinculadas con Acciona, además de remuneraciones anuales de hasta 5.8 millones de pesos para directivos.
Caray, qué distinta se ve la administración del agua desde una oficina con esos ingresos.
Pero el asunto más delicado está en los hogares: una cartera de 2 mil 660 millones de pesos que Grupo MAS pretendía cobrar a más de 82 mil familias. El Instituto Metropolitano del Agua rechazó la solicitud por inconsistencias y falta de elementos para acreditar que esos adeudos fueran exigibles.
Dentro del paquete figuraban más de 656 millones por “consumos no facturados”.
¿Y luego?
Pues precisamente eso quiere esclarecer el municipio: cómo integraron las cantidades, quién las autorizó y con qué sustento pretendían cobrarlas.
La diferencia importa. Una empresa puede reclamar un adeudo; demostrarlo es otra cosa. Y el Ayuntamiento tiene la obligación de revisar antes de ayudar a pasarle la factura al ciudadano.
Ahí Rosa María puso un freno.
La revisión tampoco empezó con la denuncia de octubre. Su administración promovió ante el Congreso las auditorías que arrancaron en abril. Según el propio Ayuntamiento, el inicio se había retrasado por la entrega tardía de información de la concesionaria.
Después llegaron los resultados: 52 observaciones del ORFIS.
Cuarenta y cinco técnicas, tres financieras y cuatro de legalidad. Entre los hallazgos reportados aparecen deficiencias de mantenimiento, equipos fuera de operación, problemas en instalaciones y falta de documentación suficiente para acreditar de manera continua el cumplimiento de las obligaciones sobre calidad del agua entre 2022 y 2025.
También una diferencia de 20 millones 750 mil 773 pesos en las contraprestaciones que debían cubrirse al Instituto Metropolitano del Agua.
Y un punto que merece reflector propio: el órgano fiscalizador no pudo verificar integralmente el recorrido del dinero desde su recaudación hasta su administración y destino en los fideicomisos relacionados con la concesión.
Para cobrar, el usuario tiene nombre, domicilio y número de cuenta. Para seguirle la pista al dinero cobrado, resulta que faltan explicaciones.
Qué comodidad.
Rosa María tampoco dio por suficiente el monto señalado en el apartado financiero. Dijo que su administración tenía documentado más y que revisaría el informe completo. Una postura que obliga a sostener el paso: si hay elementos adicionales, deben llegar al expediente.
Porque este problema tiene antecedentes que rebasan el pleito entre una alcaldesa y una empresa.
En 2024, la CNDH acreditó violaciones a los derechos al agua, al medio ambiente sano y al acceso a información ambiental en la zona metropolitana de Veracruz. Documentó contaminación, deficiencias de regulación y daños por descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado. La recomendación fue dirigida a autoridades federales, estatales y municipales.
Es decir, también falló la vigilancia pública. Concesionar el servicio nunca debió significar que las autoridades se desentendieran de él.
En ese escenario debe leerse la cercanía de Rosa María con Rocío Nahle.
El 29 de octubre se reportó una reunión de trabajo entre ambas para coordinar mejoras en los servicios del puerto. Días después, el Ayuntamiento informó de su participación en la agenda de vivienda encabezada por la gobernadora, donde el acceso a agua potable y drenaje forma parte de los servicios indispensables. Hay una coordinación pública que puede comprobarse.
La lectura política es bastante clara, Rosa María está construyendo interlocución con el gobierno estatal mientras enfrenta uno de los asuntos más sensibles de su municipio.
Por lo pronto, la alcaldesa ya puso una denuncia sobre la mesa. El 27 de octubre, la Fiscalía confirmó que mantenía abierta la investigación. Todavía no hay una sentencia; sí existe un expediente que exige seguimiento y una autoridad obligada a esclarecer los hechos.
A Rosa María le corresponde sostener la presión y explicar los avances. A la Fiscalía, investigar. Y a Grupo MAS, responder con documentos.
POR CIERTO: ¿Por qué será que la expriista y ahora convertida en neomorenista Anilú Ingram bajó la intensidad de sus recorridos en Veracruz? ¿Será que ya aceptó que no será candidata a diputada federal?
Desde aquí adelantamos nuestro pronóstico, con nombre y apellidos: Zoraya Villacis Palacios será la próxima candidata a la diputación federal.
No se confundan: tenemos activa la bola de cristal.
@IvanKalderon