La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el caso Pegasus destapó una red de empresas ficticias en la cual la compañía israelí NSO Group, utilizando la empresa mexicana KBH como intermediaria, llevaba a cabo espionaje telefónico mediante el software Pegasus. Esta red corporativa utilizaba prestanombres y tenía su domicilio en la Avenida Ejército Nacional 598, Ciudad de México.
Fuentes cercanas al caso señalaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado una investigación sobre este entramado. En la misma dirección, se encontraba la empresa Proyectos y Diseños VME, donde trabajaba Juan Carlos García Rivera, acusado de espiar a periodistas y ciudadanos con el malware Pegasus. La audiencia de alegatos de conclusión contra García Rivera tuvo lugar recientemente, y la Fiscalía General pide una condena de 16 años de prisión por el delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado.
Durante la audiencia, la FGR afirmó que Juan Carlos García Rivera no actuó como autor intelectual, sino como autor material del espionaje. Se destacó que el dueño de KBH, Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, le dio instrucciones sobre a quién espiar y qué dispositivos móviles infectar con Pegasus. Aunque se espera la sentencia, la defensa sostiene que García Rivera es un chivo expiatorio y cuestiona la falta de evidencia científica que respalde la intervención del teléfono de la periodista Carmen Aristegui.
Además, se mencionó que el testigo protegido Zeus, quien trabajó en KBH, afirmó que en México unas 15 mil personas fueron objeto de espionaje. Zeus declaró que García Rivera viajó a Israel para recibir formación en el uso de Pegasus, que luego aplicaría en México. La defensa argumenta que las acusaciones carecen de pruebas concretas y que García Rivera fue detenido injustamente.
