La fiscalía de Ciudad de México es objeto de polémica por vigilar a políticos y funcionarios a través de sus registros telefónicos, según se revela en una serie de expedientes. Entre las personas vigiladas se encuentran una candidata presidencial destacada, el encargado de aduanas del país, al menos tres alcaldes de la capital y varios integrantes poderosos del gobierno. Los registros judiciales muestran que la fiscalía ordenó a la principal empresa de telecomunicaciones del país, Telcel, proporcionar registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos prominentes, abarcando desde 2021 hasta el presente año.
A pesar de que la fiscalía de Ciudad de México niega su participación y afirma que no lleva a cabo actividades de espionaje, un juez federal confirmó este año que la fiscalía solicitó a Telcel entregar los registros telefónicos. Las personas mencionadas en estos requerimientos alegan que fueron objeto de vigilancia por motivos políticos, argumentando que son víctimas de un abuso de poder más amplio y sistémico.
En el mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha cuestionado el uso de tácticas similares a las que criticaba anteriormente. Por ejemplo, el ejército mexicano ha utilizado el programa espía Pegasus para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos y altos funcionarios del gobierno. Estos casos han generado preocupación en torno al abuso de autoridad y el uso indebido de los sistemas de justicia para perseguir a opositores y disidentes políticos.
En el caso más reciente, Telcel admitió haber proporcionado los registros telefónicos de varias personalidades prominentes, tanto de Morena como de partidos de oposición. Esto incluye a Horacio Duarte, quien ocupaba un cargo importante en la Agencia Nacional de Aduanas de México en 2022, así como a la senadora conservadora Lilly Téllez y a Alessandra Rojo de la Vega, una exlegisladora y opositora franca de Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de Ciudad de México y candidata presidencial del partido gobernante.
Si bien la fiscalía alega que la vigilancia se lleva a cabo en el contexto de investigaciones sobre secuestros y desapariciones, la falta de supervisión judicial y los posibles abusos de poder plantean preocupaciones sobre la integridad del sistema de justicia en México. Los expertos legales han destacado la facilidad con la que los fiscales pueden manipular los expedientes de investigación para obtener información sin la debida supervisión, lo que subraya la necesidad de salvaguardias más estrictas para proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos.
En respuesta a estas acusaciones, figuras notables como el senador Higinio Martínez Miranda y el alcalde Santiago Taboada Cortina han rechazado las acusaciones en su contra y han cuestionado la legitimidad de la vigilancia llevada a cabo por la fiscalía. Estos casos plantean serias dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en el sistema de justicia mexicano y subrayan la importancia de salvaguardias más sólidas para proteger los derechos y la privacidad de los ciudadanos en el país.
