El Instituto veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Poder Judicial del Estado de Veracruz firmaron la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones Encaminadas a Constitutir Justicia Abierta en la entidad, por medio de la cual se busca transparentar los procesos judiciales y fomentar la perspectiva de género y la participación ciudadana.
El evento estuvo encabezado por la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quienes firmaron el documento mediante el cual se compometen a trabajar de manera coordinada en esta materia.
Antes las y los integrantes del TSJE y los comisionados del IVAI, David Agustín Jiménez Rojas y José Alfredo Corona Lizárraga, quienes firmaron en calidad de testigos de honor, las titulares de ambas instituciones refrendaron su compromiso de velar por la transparencia y el acceso a la información en el ámbito judicial.
Con ello, se busca también garantizar el acceso a la información y a los servicios judiciales, en particular para los sectores vulnerables, abonando a un sistema judicial más imparcial y equitativo en el estado de Veracruz.
La Declaratoria Conjunta contiene once ejes sobre los cuales se trabajará de manera coordinada; Justicia Pronta, que es la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, así como de resolver controversias planteadas ante ellas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes aplicables.
Justicia Completa, que se refiere a que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado.
Justicia Imparcial que compromete a que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.
Justicia Gratuita relativa a que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como las personas servidoras públicas a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto honorario alguno por la prestación de ese servicio público.
Justicia Transparente, relacionada a que los instrumentos normativos y prácticas de gestión orientados para asegurar la apertura de los procesos y la disponibilidad de la información custodiada por el Poder Judicial y la procuración de justicia.
Justicia con Perspectiva de Género y Participación Ciudadana que refiere a aquellos instrumentos, prácticas dinámicas por medio de los cuales se construyen espacios de interlocución, que con diversos grados de profundidad promueven la rendición de cuentas. La participación en el Poder Judicial debe considerarse en dos vías: especializada y ciudadana. Estableciendo mecanismos de participación que tengan como objetivo la justicia con perspectiva de género.
Rendición de Cuentas, en la que se trabaja en procesos, actividades de control, seguimiento y vigilancia que permiten a la ciudadanía monitorear y evaluar el desempeño del Poder Judicial.
Asimismo, Justicia Digital e Innovación Social como un modelo orientado al acceso a la justicia de las personas bajo el principio de universalidad, a través de la creatividad, la información actualizada y la mejora continua de la gestión. Perfeccionando el acceso a la justicia digital a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS), promoviendo prácticas innovadoras para optimizar el acceso a la misma.
Del mismo modo, sobre la Publicación de Sentencias Judiciales en versiones públicas, creando buscadores de sentencias, y por ende, emitir los lineamientos correspondientes para su publicación.
Otro de los compromisos es el de Generación de Información Estadística Útil y Accesible sobre casos ingresados, sentencias emitidas, órdenes de protección y estadísticas sobre la capacitación del personal jurisdiccional.
Finalmente, caminar hacia una Capacitación Judicial con Indicadores de Evaluación de Impacto poniendo en marcha la profesionalización en materia de transparencia, a través de capacitaciones para juzgar, tomando en cuenta la perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos.
