La Contraloría General de Venezuela inhabilitó el martes al líder opositor Juan Guaidó y otros 27 diputados de la anterior Asamblea Nacional para ejercer cargos públicos hasta por un período de 15 años por la presunción de negarse a realizar la declaración de patrimonio.
Guaidó ya había sido inhabilitado en marzo de 2019 por supuestamente ocultar datos de su declaración de patrimonio y recibir dinero sin justificar, según un dictamen de la Contraloría en aquel momento. Dos años después, el organismo impone nuevas acciones contra una mayor cantidad de opositores.
Estos señores no han declarado ante la Contraloría General de la República (…) Los funcionarios estamos obligados a hacer la declaración jurada del patrimonio”, dijo el contralor general, Elvis Amoroso, en una declaración divulgada por la televisión estatal, en la que leyó un texto que decía que la inhabilitación será por un período máximo de 15 años.
Además de Guaidó fueron inhabilitados por no declarar el patrimonio en el período 2015 a 2020, otros miembros de la oposición como Julio Borges, Freddy Guevara, Renzo Prieto, Armando Armas, Juan Pablo Guanipa, José Manuel Olivares, entre otros. Varios de los políticos mencionados están en el exilio.
Sabemos que muchos de esos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de ustedes, de nosotros, de todos los venezolanos tanto aquí en Venezuela como en el extranjero”, dijo Amoroso, quien no ofreció más detalles del alcance de la medida.
Algunos líderes de la oposición inhabilitados cuestionaron la medida.
Que el usurpador de la Contraloría haga un anuncio de inhabilitaciones es algo que simplemente desconocemos”, escribió Juan Pablo Guanipa en su cuenta de Twitter.
La Contraloría ha inhabilitado en los últimos años para ejercer cargos públicos a varios líderes de la oposición, como el excandidato presidencial Henrique Capriles y Leopoldo López, hoy en España, quienes han dicho que la medida buscó marginarlos del juego político y que no han cometido ningún ilícito.
Amoroso fue designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas, y que operaba a la par del Congreso de mayoría opositora. La oposición y más de una docena de países desconocieron la constituyente por la manera en que se realizó su elección en 2017.
