RUTA ENERGÉTICA
Cuando se piensa en inclusión financiera nos concentramos en las aplicaciones móviles, las cuentas digitales y los nuevos medios de pago. Sin embargo, pocas veces se reflexiona sobre una realidad elemental: ninguna economía digital funciona sin infraestructura física. Detrás de cada transferencia bancaria, cada pago electrónico o cada trámite en línea existe una red que suministra energía, transporta datos y mantiene conectadas a millones de personas.
Este aspecto adquiere especial relevancia en México. Si la transición hacia una economía digital busca incorporar a sectores históricamente excluidos del sistema financiero formal, el desafío no consiste únicamente en promover nuevas plataformas tecnológicas. También exige garantizar que las personas tengan acceso a electricidad, conectividad y servicios de telecomunicaciones confiables.
En este punto convergen dos políticas públicas que con frecuencia se analizan por separado: la expansión de la infraestructura eléctrica y el cierre de la brecha digital. La primera suministra la energía necesaria para operar redes, antenas, centros de datos, terminales de pago y dispositivos móviles. La segunda permite que esa infraestructura se traduzca en acceso efectivo a información, servicios y herramientas financieras.
Los avances registrados en materia de conectividad muestran la magnitud del esfuerzo realizado y la importancia estratégica que la CFE y sus trabajadores, representan para el país. A través de CFE Telecomunicaciones y su programa Internet para Todos se han habilitado más de 11 mil kilómetros de fibra óptica, instalado más de 5 mil torres de telecomunicaciones y puesto en operación casi 90 mil puntos gratuitos de acceso a internet. El objetivo ha sido acercar servicios digitales a localidades donde, durante años, la rentabilidad económica había limitado su expansión.
No se trata únicamente de llevar internet a comunidades aisladas. Lo que está en juego es la posibilidad de que millones de personas puedan participar en una economía que cada vez depende más del acceso a servicios digitales. Una transferencia electrónica, una consulta médica remota, una capacitación en línea o un trámite gubernamental comparten un mismo requisito: conectividad. Su importancia se incrementa aún más, cuando consideramos que son esas poblaciones, fueron destinos obvios de los casi 62 mil millones de dólares que México recibió en remesas en 2025.
La experiencia reciente demuestra que la infraestructura, por sí sola, no resuelve el problema. La inclusión requiere también capacidades. Las personas necesitan conocimientos digitales, confianza en las nuevas herramientas y oportunidades para utilizarlas en su vida cotidiana. Sin embargo, resulta igualmente cierto que ninguna estrategia de capacitación puede prosperar donde no existe acceso a energía o internet.
Por ello, la economía digital debe entenderse como un ecosistema. La inclusión financiera depende de la educación digital; ésta depende de la conectividad; y la conectividad depende, a su vez, de una infraestructura energética sólida y confiable. Cada eslabón resulta indispensable para que los beneficios de la transformación tecnológica lleguen efectivamente a la población.
En este proceso, los trabajadores que operan, mantienen y expanden la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones ocupan un lugar estratégico. Aunque su labor suele pasar inadvertida, son ellos quienes hacen posible que una comunidad tenga acceso a energía, que una antena permanezca en funcionamiento o que una conexión permita realizar una operación financiera a cientos de kilómetros de distancia.
Cuando hablemos de inclusión financiera y las herramientas que la hacen posible, tal vez convenga dedicar más atención a la infraestructura que las habilita. Después de todo, ninguna transformación digital puede construirse sobre territorios desconectados. Antes de hablar de economía digital, es necesario asegurar que existan las condiciones para que todos puedan formar parte de ella.
X @hector_ramirezr