EXPRESION CIUDADANA

Primero anunciaron otra etapa de reemplacamiento vehicular y ahora preparan una fiscalización más estricta para 2027. El gobierno de Rocío Nahle asegura que no habrá nuevos impuestos, pero intensificará la vigilancia sobre los contribuyentes mediante cruces de información con el SAT y el IMSS, detección de inconsistencias y requerimientos de cumplimiento. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde pretende aumentar la recaudación sin agravar la carga económica de los veracruzanos?

La iniciativa de Ley de Ingresos 2027 contempla 185 mil 597 millones de pesos, de los cuales más del 92% dependerá de recursos federales. Apenas 6.4% provendría de ingresos propios. Esa dependencia explica la intención de fortalecer la recaudación, pero no justifica que los ciudadanos terminen pagando las consecuencias de una estructura financiera que sigue sin resolverse.

El gobierno sostiene que busca combatir la evasión y cobrar a quienes incumplen. Ese objetivo es legítimo. Lo cuestionable sería convertir la fiscalización en una maquinaria de presión contra pequeños comerciantes, trabajadores y empresarios que ya cumplen con sus obligaciones, mientras continúan las deficiencias en hospitales, carreteras, escuelas y seguridad.

Y todo ocurre a las puertas de las elecciones de 2027. La coincidencia obliga a exigir absoluta transparencia sobre el destino de los ingresos adicionales. No existe evidencia de que estos recursos estén destinados a financiar campañas, pero el gobierno debe garantizar que la recaudación no se utilice con fines partidistas.

¿Cuánto pretende recaudar adicionalmente SEFIPLAN? ¿Cuánto costará el nuevo reemplacamiento? ¿Qué beneficios concretos recibirán los ciudadanos? ¿Quién vigilará que la fiscalización no derive en abusos?

Rocío Nahle debe responder con cifras, resultados y mecanismos públicos de rendición de cuentas. Porque no basta con asegurar que no habrá nuevos impuestos cuando se anuncian nuevas exigencias administrativas y una vigilancia fiscal más intensa.

Primero las placas, después una fiscalización más severa. Lo que Veracruz necesita saber es cuándo llegará la misma exigencia de cuentas para quienes administran el dinero público.