Expresión Ciudadana

Durante años nos hicieron creer que el mayor peligro para México era la percepción. Que la violencia estaba amplificada por los medios de comunicación, que las cifras eran manipuladas por la oposición y que bastaba con repetir cada mañana que «vamos bien» para convencer a millones de personas de que el país avanzaba hacia la paz. Pero la realidad terminó imponiéndose. No se puede maquillar el miedo cuando éste modifica la vida cotidiana de toda una nación.

La delincuencia ya no sólo roba patrimonios o arrebata vidas; también secuestra libertades. Hoy millones de mexicanos deciden no salir de noche, cambian de ruta para ir al trabajo, evitan usar joyas, restringen las salidas de sus hijos o simplemente dejan de visitar familiares por temor a convertirse en una estadística más. 

Ese quizá sea el mayor triunfo del crimen organizado: lograr que la sociedad adapte su vida a la violencia mientras el Estado se adapta a justificarla. 

Así lo muestran los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondientes a junio de 2026: 42 por ciento de la población adulta dejó de portar objetos de valor por miedo a la delincuencia; 38.2 por ciento modificó la libertad de niñas, niños y adolescentes; 35.9 por ciento dejó de caminar de noche cerca de su vivienda y 22.5 por ciento redujo sus visitas a familiares o amistades. 

Detrás de esos porcentajes hay más de 19 millones de personas que cambiaron su forma de vivir por miedo.

El gobierno presume reducciones marginales en algunos indicadores, pero olvida responder la pregunta más importante: ¿de qué sirve que ciertos delitos disminuyan en el papel si la población sigue viviendo encerrada? 

La seguridad no se mide únicamente por el número de carpetas de investigación abiertas; se mide por la confianza con la que una mujer puede caminar sola, por la tranquilidad con la que un padre permite que sus hijos jueguen en la calle y por la certeza de que regresar a casa no será una apuesta contra la suerte.

El problema es que la estrategia oficial parece haberse conformado con administrar la violencia, no con derrotarla. Mientras desde Palacio Nacional se insiste en hablar de una transformación histórica, en amplias regiones del país quienes verdaderamente gobiernan son los grupos criminales. 

Son ellos quienes establecen horarios, controlan caminos, cobran extorsiones, desplazan comunidades completas y deciden quién puede trabajar, abrir un negocio o simplemente vivir.

Veracruz es uno de los ejemplos más claros de esa realidad incómoda que el discurso oficial intenta minimizar. Apenas en los últimos meses la entidad ha sido escenario de hechos que exhiben la profundidad del problema. 

El hallazgo y aseguramiento de una planta clandestina para el procesamiento de hidrocarburos en la región de Coatepec volvió a evidenciar la capacidad operativa de las redes criminales para instalar infraestructura ilegal sin que durante años nadie lo advirtiera o quisiera verlo. 

Aunque posteriormente las autoridades precisaron que el sitio reciclaba hidrocarburos pesados y no producía gasolina, el caso volvió a demostrar la enorme penetración de economías ilícitas que difícilmente podrían operar sin redes de protección o sin una alarmante debilidad institucional.

La violencia tampoco distingue regiones. El asesinato de periodistas, las desapariciones que continúan acumulándose, los enfrentamientos armados, los robos en carreteras, los asaltos a comercios en ciudades como Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, Cordoba y Tuxpan, así como el constante aseguramiento de armas, drogas y combustibles robados, forman parte de una rutina informativa que ya dejó de sorprender porque la sociedad ha terminado normalizando aquello que nunca debió aceptar como cotidiano.

Lo más preocupante es que la normalización del miedo beneficia políticamente a quienes han fracasado. Cuando la ciudadanía deja de salir de noche, cuando los comercios adelantan sus cierres, cuando las familias cancelan reuniones o los empresarios prefieren no invertir por temor a la inseguridad, el crimen ya ganó una batalla sin necesidad de disparar un solo tiro. 

Gobernar bajo esas condiciones deja de consistir en garantizar derechos y se convierte simplemente en administrar el miedo colectivo.

La propia ENSU confirma además que las mujeres viven esta realidad con mayor intensidad. Más del 43 por ciento evita caminar de noche cerca de su vivienda, una proporción muy superior a la registrada entre los hombres. Para ellas el espacio público representa no sólo el riesgo del robo, sino también el de la violencia sexual, las agresiones y las desapariciones.

Resulta contradictorio escuchar discursos triunfalistas mientras la población modifica sus hábitos por supervivencia. 

Porque una sociedad verdaderamente libre no es aquella donde el gobierno presume estadísticas favorables, sino aquella donde las personas pueden ejercer sus derechos sin calcular permanentemente el riesgo de convertirse en víctimas.

La tragedia es que México comienza a acostumbrarse a vivir así. 

Las rejas, las cámaras, las bardas electrificadas, las aplicaciones para compartir ubicación, los grupos vecinales de alerta y las restricciones familiares ya forman parte del paisaje cotidiano. 

El miedo dejó de ser una excepción para convertirse en una política pública no escrita. 

Los ciudadanos aprendieron a protegerse solos porque dejaron de confiar en que el Estado pudiera hacerlo.

Y esa quizá sea la condena más grave del país. 

No sólo porque el crimen continúa arrebatando vidas, sino porque también ha conseguido algo mucho más profundo: robar la libertad de millones de mexicanos mientras el gobierno insiste en decirles que todo está mejor. 

Cuando un pueblo deja de caminar tranquilo por sus calles, cuando vive organizando su vida alrededor del miedo y no de la esperanza, el problema ya no es únicamente de seguridad. 

Es el fracaso absoluto de un Estado que renunció a cumplir su obligación más elemental: proteger a su gente.