Expresión Ciudadana

El gobierno mexicano quiso vender estabilidad, pero Estados Unidos acaba de ponerle fecha anual a la incertidumbre. La decisión de no renovar el T-MEC en su forma actual y someterlo a revisiones anuales durante los próximos diez años no es un trámite menor, no es una diferencia administrativa ni una simple pausa diplomática: es una señal de desconfianza. 

El tratado sigue vigente, sí, pero ya no camina sobre una ruta de largo plazo; ahora queda sujeto a revisiones constantes, a presiones políticas, a cambios de humor electoral y a la capacidad —o incapacidad— del gobierno mexicano para defender con seriedad los intereses nacionales. 

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó oficialmente que Estados Unidos no aceptó renovar el acuerdo en su forma actual, aunque el tratado seguirá en vigor mientras se resuelven las diferencias o hasta su terminación.

Lo grave no es únicamente que Washington haya decidido no extender el acuerdo hasta 2042. Lo verdaderamente preocupante es que México llega a esta etapa debilitado, con una economía de bajo crecimiento, con inversión cautelosa, con una política energética cuestionada, con reformas internas que han encendido alertas entre empresarios y con un gobierno que prefiere presumir soberanía en conferencias antes que construir certidumbre jurídica en los hechos. 

Durante años, desde el poder se repitió que México era potencia, que el mundo quería invertir aquí, que el nearshoring sería una lluvia automática de capitales y que bastaba con el discurso oficial para atraer fábricas, empleos y cadenas productivas. Pero la realidad acaba de tocar la puerta: ninguna inversión de largo plazo se decide sobre un país donde las reglas pueden cambiar cada año.

La revisión anual del T-MEC es, en los hechos, una espada sobre la economía mexicana. Una empresa que piensa instalar una planta automotriz, electrónica, farmacéutica o aeroespacial necesita horizontes de diez, quince o veinte años. Necesita saber bajo qué reglas exportará, qué aranceles enfrentará, qué obligaciones tendrá, qué protección jurídica existirá y qué tan estable será la relación entre los tres países. 

Con revisiones anuales, esa certeza se rompe. El tratado no muere hoy, pero queda políticamente condicionado año tras año. 

Y ese solo hecho basta para frenar decisiones de inversión, encarecer proyectos, retrasar expansiones y mandar a más de una empresa a mirar otros destinos.

México no puede darse el lujo de minimizar este golpe. De acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?, con cifras oportunas de la balanza comercial a mayo de 2026, el 84 por ciento de las exportaciones no petroleras mexicanas se dirige a Estados Unidos. Es decir, el país que hoy se niega a renovar el T-MEC en su forma actual es el mismo del que depende la mayor parte del aparato exportador mexicano. 

Esa es la contradicción brutal del gobierno: habla de soberanía económica, pero administra un país profundamente dependiente del mercado estadounidense; presume independencia, pero su estabilidad industrial, comercial y laboral depende de decisiones que se toman en Washington.

La dependencia no es menor. México se ha mantenido como el principal socio comercial de Estados Unidos en bienes, con una participación de 16.4 por ciento en los flujos comerciales de enero a abril de 2026, por encima de Canadá y China, según datos difundidos por El Economista con base en cifras comerciales. Esa posición pudo haber sido una enorme ventaja estratégica si el gobierno mexicano hubiera actuado con visión de Estado. Pero en lugar de fortalecer instituciones, mejorar infraestructura, garantizar energía suficiente, combatir la inseguridad y ofrecer certeza jurídica, la administración ha preferido convertir la economía en propaganda. 

El problema es que los inversionistas no firman contratos con discursos: firman cuando hay reglas claras.

La propia economía mexicana ya venía enviando señales de alarma. El Banco de México recortó su expectativa de crecimiento para 2026 de 1.6 a 1.1 por ciento y reconoció un entorno de debilidad económica, además de advertir que la inversión podría mantenerse débil por la incertidumbre relacionada con la relación comercial con Estados Unidos y la revisión del T-MEC. 

La OCDE fue todavía más dura: redujo su previsión de crecimiento para México a 0.8 por ciento en 2026 y señaló que la revisión del tratado será crucial para el crecimiento de largo plazo. ¿Dónde está entonces el milagro económico que tanto presume el gobierno? ¿Dónde está la potencia exportadora blindada? ¿Dónde está el país imparable que, según el oficialismo, todos quieren escoger?

La respuesta es incómoda: México sí tiene ventajas, pero el gobierno las está desperdiciando. Tiene ubicación geográfica privilegiada, mano de obra competitiva, experiencia manufacturera, cercanía con el mercado estadounidense y una red industrial construida durante décadas. Pero todo eso puede perder valor cuando el país transmite desorden institucional, improvisación regulatoria y confrontación política.

El nearshoring no es una bendición automática; es una competencia. México compite contra otros países que también quieren inversión, que también ofrecen incentivos y que, en muchos casos, ofrecen algo que aquí se ha deteriorado: confianza.

El gobierno ha querido vender el “Plan México” como una respuesta suficiente, pero la economía no se rescata con presentaciones bonitas ni con frases optimistas. 

La inversión exige electricidad confiable, carreteras seguras, aduanas eficientes, Estado de derecho, tribunales independientes, permisos ágiles, seguridad pública y políticas estables. 

Si al mismo tiempo se debilitan contrapesos, se presiona al Poder Judicial, se cambia la legislación energética, se politizan los órganos reguladores y se ataca al sector privado cuando no aplaude, el mensaje al mundo es claro: México quiere inversión, pero no siempre quiere respetar las condiciones que hacen posible esa inversión.

Por eso la decisión estadounidense exhibe una falla central de la estrategia mexicana. El gobierno apostó a que la integración comercial con Estados Unidos era tan indispensable que Washington no se atrevería a tensarla demasiado. Pero Estados Unidos sí está dispuesto a usar el tratado como instrumento de presión. Ya lo hizo. 

Y frente a eso, México aparece con poco margen, porque su economía depende enormemente del acceso preferencial al mercado estadounidense. El T-MEC no es cualquier acuerdo: es la columna vertebral de la industria mexicana moderna. Si esa columna queda sometida a revisión anual, el cuerpo económico entero camina con menos estabilidad.

La narrativa oficial intentará presentar esto como una negociación normal. Dirán que el tratado sigue vigente, que hay diálogo, que no pasa nada, que México está fuerte, que todo está bajo control. Pero el problema no es si hoy se siguen exportando autos, refrigeradores, autopartes o alimentos. 

El problema es qué decisiones dejarán de tomarse mañana por miedo a que el marco comercial cambie en doce meses.

La incertidumbre no siempre se ve de inmediato en una fábrica cerrada; muchas veces se ve en una inversión que nunca llega, en una planta que se instala en otro país, en una ampliación que se pospone, en un empleo que jamás se crea.

Y mientras eso ocurre, el gobierno insiste en confundir propaganda con política económica. Presume cifras comerciales que, en buena parte, son resultado de una integración productiva construida mucho antes de esta administración. 

Se cuelga medallas por exportaciones que dependen de cadenas industriales formadas durante décadas, de acuerdos comerciales previos, de inversiones privadas y de empresas que han resistido a pesar del gobierno, no gracias a él. Pero cuando llega la hora de defender el futuro del tratado, México aparece vulnerable, reactivo y obligado a negociar desde una posición menos cómoda de la que presume.

El dato de INEGI también muestra la magnitud de lo que está en juego: en el periodo enero-abril de 2026, las exportaciones totales de México sumaron 247 mil 628 millones de dólares, con un crecimiento anual de 21.8 por ciento. Ese dinamismo exportador debería ser motivo para blindar la relación comercial, no para jugar con ella. Pero el gobierno ha actuado como si la economía pudiera soportarlo todo: inseguridad, incertidumbre, reformas polémicas, mensajes contradictorios y desprecio a los organismos técnicos. 

Ahora el costo aparece en el terreno internacional: el principal socio comercial no está dispuesto a renovar sin exigir cambios.

El golpe es también político. Estados Unidos no solo está revisando reglas comerciales; está evaluando confianza. Y ahí México tiene un problema profundo. La política energética ha generado tensiones por el trato a empresas privadas y por el favoritismo hacia las empresas estatales. 

La reforma judicial ha despertado preocupación sobre la independencia de los tribunales. La inseguridad sigue golpeando corredores logísticos, transportistas y regiones industriales. La infraestructura energética no crece al ritmo que exige la demanda manufacturera. Y ante cada crítica, el gobierno responde con soberbia, como si cuestionar fuera traicionar y como si advertir riesgos fuera conspirar contra la patria.

La verdadera soberanía no consiste en pelearse verbalmente con los socios mientras se depende económicamente de ellos. La verdadera soberanía consiste en tener instituciones fuertes, economía diversificada, justicia confiable, energía suficiente, finanzas sanas y capacidad real de negociación. México no es más soberano porque un funcionario hable fuerte en una conferencia. México es más soberano cuando puede sentarse a negociar sin miedo a que se le cierre el mercado que absorbe la mayor parte de sus exportaciones. Y hoy, guste o no al oficialismo, esa fortaleza no existe en la medida que debería existir.

La revisión anual del T-MEC debería ser una llamada de emergencia para corregir el rumbo, pero el gobierno parece más interesado en controlar el relato que en resolver el fondo. El riesgo es enorme: diez años de revisiones anuales pueden convertirse en diez años de inversión contenida, diez años de negociaciones defensivas, diez años de empresas esperando señales, diez años de incertidumbre para sectores clave. 

El sector automotriz, la manufactura avanzada, la agroindustria, la electrónica y las cadenas de autopartes no pueden vivir permanentemente bajo amenaza. La economía mexicana no puede planear su futuro con calendario de revisión anual.

Lo más irresponsable sería decir que no pasa nada. Sí pasa. Pasa que México perdió la oportunidad de asegurar una extensión de largo plazo. Pasa que Estados Unidos decidió reservarse presión anual. Pasa que Canadá y México tendrán que seguir negociando en condiciones menos cómodas. Pasa que la confianza empresarial queda lastimada. Pasa que el nearshoring, que pudo ser la gran oportunidad de una generación, queda atrapado entre la ventaja geográfica y la torpeza política. Pasa que un país que debería estar recibiendo inversiones históricas sigue creciendo menos de lo que necesita.

Este episodio también desnuda una mentira oficial: el gobierno no puede seguir diciendo que todo va bien cuando los organismos nacionales e internacionales están recortando expectativas. Banxico habla de debilidad. La OCDE habla de crecimiento limitado. Los analistas advierten incertidumbre. Los empresarios piden certeza. Estados Unidos no renueva. Y aun así, el oficialismo pretende que la realidad se acomode al discurso. Pero la economía no obedece consignas. La inversión no se decreta. La confianza no se impone. La certidumbre no se simula.

México necesita una estrategia seria, no una narrativa triunfalista. Necesita reconstruir confianza con sus socios comerciales, garantizar seguridad jurídica, corregir los excesos regulatorios, atender las preocupaciones energéticas, fortalecer infraestructura, profesionalizar la diplomacia económica y dejar de tratar al sector privado como adversario ideológico. También necesita diversificar mercados, sí, pero sin engañarse: la relación con Estados Unidos seguirá siendo central. Diversificar no significa descuidar el principal vínculo económico del país; significa fortalecerlo mientras se abren nuevas rutas. Hoy el gobierno no ha hecho plenamente ni una cosa ni la otra.

El T-MEC sigue vivo, pero la certidumbre quedó herida. Esa es la frase que debería preocupar a Palacio Nacional. Porque un tratado vigente no basta si cada año se convierte en campo de batalla. Un acuerdo comercial funciona cuando ofrece previsibilidad; si se convierte en revisión permanente, pierde parte de su valor estratégico. Y en un país con bajo crecimiento, violencia persistente, inversión débil y reformas polémicas, agregar incertidumbre comercial es jugar con fuego.

El gobierno mexicano debería dejar de celebrar que “no se terminó” el tratado y empezar a preguntarse por qué no logró renovarlo. Esa es la diferencia entre gobernar con seriedad y administrar propaganda. 

No basta con sobrevivir a la reunión; había que salir con una extensión de largo plazo. No basta con decir que se seguirá dialogando; había que entregar confianza. No basta con repetir que México es atractivo; había que demostrar que México es confiable.

La decisión de Estados Unidos no es el fin del T-MEC, pero sí es una advertencia severa. Y la advertencia llega en el peor momento: cuando México más necesitaba certidumbre para convertir el nearshoring en crecimiento real, empleo formal y desarrollo regional. En lugar de eso, el país entra a una década de revisiones anuales que pueden convertirse en una década de dudas. El gobierno podrá maquillar el golpe, podrá culpar a Trump, podrá decir que todo sigue igual, pero los inversionistas ya escucharon el mensaje: el futuro comercial de América del Norte ya no está garantizado como antes.

México no perdió el tratado, pero perdió tranquilidad. Y en economía, perder tranquilidad puede costar miles de millones de dólares, empleos que no se crean, plantas que no se construyen y oportunidades que se van. La factura de gobernar con soberbia, improvisación y discurso empieza a llegar. El T-MEC era una de las grandes anclas de estabilidad del país. Hoy esa ancla sigue ahí, pero ya no está firme como antes. Y eso, por más que el gobierno quiera minimizarlo, es una pésima noticia para México.