Procedente, juicio político contra gobernador Samuel García

Presencia.

* Uso indebido de recursos públicos; vulnerar equidad electoral
* Aprobado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de NL
* Con base en acuerdo de sala Superior y Regional del TEPJF
* Ejecutivo tiene hasta el 20 de febrero para presentar defensa
* Detenidos 11600 personas por delitos de alto impacto: Omar
* Fueron confiscadas 102 Tn de drogas; 5692 armas de fuego
* Desmantelan 192 laboratorios para elaborar metanfetaminas
* Por Fuerzas Armadas, SSPC, FGR y 3 niveles de Gobierno

La Comisión Anticorrupción en el Congreso de Nuevo León aprobó iniciar juicios políticos contra el gobernador Samuel García, basándose en una resolución de la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Estas instancias ordenaron a los diputados locales imponer sanciones al mandatario estatal por violaciones electorales.

Este procedimiento fue impulsado por los juicios políticos solicitados por las dirigencias del PRI y PAN, quienes señalaron que García ha acumulado más de 18 sanciones. La Comisión determinó que, conforme a las resoluciones del TEPJF, es necesario actuar contra el gobernador.

El jefe del Ejecutivo Estatal tendrá hasta el próximo 20 de febrero a las 16:00 horas para presentar un informe detallado con su defensa.

“Es procedente la denuncia de juicio político promovido por José Luis Garza Ochoa (presidente estatal del PRI) y Policarpo Flores Peña, (presidente estatal del PAN) en contra de Samuel García, Gobernador del Estado, por conductas que dañan gravemente los intereses públicos fundamentales, con sustento en las resoluciones SRE-PSC-526/2024, SRE-PSC-533/2024, SRE-PSL-33/2024, SRE-PSL-63/2024, SRE-PSC-477/2024 y SRE-PSC-557/2024 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, señala el acuerdo.

En la resolución, se determinó que la denuncia de juicio político promovida por Garza Ochoa y Flores Peña es procedente, debido a conductas que dañan los intereses públicos fundamentales, estas incluyen el uso indebido de recursos públicos y la vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante la contienda electoral de 2024.

Se basaron en diversas resoluciones de la Sala Regional Especializada del TEPJF, que sancionan al gobernador por estas infracciones. Los diputados también decidieron remitir los expedientes correspondientes a la Sala Regional Especializada y a la Sala Superior del TEPJF para su conocimiento.

De acuerdo con el artículo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estas conductas ya han sido denunciadas en el juicio político ante el Congreso y están en proceso de cumplimiento.

Comentarios a vuela pluma

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que del 1 de octubre al 9 de febrero, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha detenido a un total de 11 mil 600 personas por delitos de alto impacto. “Del 1 de octubre al 9 de febrero de 2025, han sido detenidas 11 mil 600 personas por delitos de alto impacto”, apuntó García Harfuch durante el Informe de Seguridad realizado en la conferencia matutina de Palacio Nacional. El funcionario federal indicó que han sido aseguradas más de 102 toneladas de drogas, incluyendo mil 210 kilos y un millón 266 mil 750 pastillas de fentanilo. El titular de SSPC también destacó que han sido decomisadas durante el citado lapso de tiempo cinco mil 692 armas de fuego. Además, apuntó que se han desmantelado 192 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. “En estas acciones se han asegurado 329 mil 431 litros y 109 mil 70 kilos de sustancias químicas, así como 274 reactores de síntesis orgánicas, 109 condensadores y 68 destiladores”, recalcó. La afectación económica a las organizaciones delictivas en estos laboratorios es mayor a 63 mil 249 millones de pesos”, sostuvo. Apuntó que en estas acciones han participado elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, personal, militar naval, de la SSPC, de la Fiscalía General de la República , así como autoridades de los tres niveles de Gobierno.

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