Los avances de la evolución política cambian también usos y costumbres en el manejo de la cosa pública, más aún cuando por efectos de la alternancia el gobierno en turno está animado por el prurito de demoler lo instituido para instalar una estructura institucional diferente. Si nos internamos en el pasado no muy remoto (para quien esto escribe es solo biografía, aunque para los jóvenes ya es historia) recordaremos que el presidente José López Portillo (1976-1982) solía expresar en el aniversario de la Constitución General: “la República está reunida”, con esa frase aludía al encuentro ceremonioso y en armonía de los tres Poderes de la Unión en un evento que congregaba a representantes de toda la clase política y de los sectores de la producción nacional. Tiempos aquellos, cuando en las estadísticas de los procesos legislativos predominaban las iniciativas de ley enviadas por el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente legislaba aún más que los legisladores, en una secuencia por la que se fueron creando las instituciones para el fortalecimiento democrático en vías de robustecer al Estado Mexicano. Mucho esfuerzo y agudas confrontaciones costaron construir el andamiaje institucional existente, mucho gracias a las presiones de la oposición política que los gobiernos priistas adoptaban para llevar la fiesta en paz. Tiempos de la presidencia imperial, a la que se acotó creando órganos autónomos que robustecieran el equilibrio entre los Poderes de la Unión, pero sobre todo para limitar el acrecido poder autoritario del presidente. Nada de eso se hizo a espaldas del pueblo porque en esa inercia participaron todos los agentes de la pluralidad político-ideológica nacional de su momento. La autonomía con la que se revistió a los organismos creados tuvo como impulso medular protegerlos de la injerencia y predominio de los Poderes que conforman el Estado, particularmente del Ejecutivo.
Gracias a ese andamiaje institucional se produjo la acentuada apertura democrática que desembocó en tres alternancias presidenciales, todas en este siglo, incluida la del actual presidente López Obrador, quien llega a su actual cargo con el crédito y fortaleza de las instituciones electorales: INE, Tribunal Electoral y Fiscalía especializada en delitos electorales. Y así llegamos al 107 aniversario de la Constitución, con un México enfrascado en el dilema político provocado por la polarización y graves desencuentros entre Poderes: el Ejecutivo y el Legislativo (que hace mucho abdicó de sus importantes funciones), contra el Poder Judicial y órganos autónomos, enterados de una iniciativa presidencial para reconfigurar la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ministros “electos popularmente” y la desaparición de los organismos “supuestamente” autónomos. Esa y otras propuestas más, la de pensiones, muy importante, son las que enviará el Ejecutivo al Poder Legislativo, donde dormirán el sueño de los justos hasta que sea discutida, aprobada o desechada y enviada al archivo muerto por la legislatura resultante de la elección del dos de junio próximo. Queda al juicio de la ciudadanía votar por uno u otro proyecto: se conservan los órganos autónomos para limitar o evitar el autoritarismo presidencial, o se vota para continuar la lógica demoledora contra un régimen ya conocido o dar el salto hacia lo desconocido. Esa es la cuestión.
