En el municipio de Chicomuselo, Chiapas, se ha informado sobre un enfrentamiento de aproximadamente siete horas entre integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, el pasado 4 de enero en la comunidad de Nueva Morelia. El resultado fue devastador, con más de 20 personas muertas, incluyendo dos civiles, y sus cuerpos quedaron sin recoger por sus familias debido al peligro.
Los residentes de Chicomuselo emitieron un comunicado denunciando el violento suceso y expresaron el pánico y la angustia que vivieron durante el enfrentamiento. Las balas penetraron muchas viviendas, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares por temor a la violencia. La población denunció la falta de respuesta por parte del Estado para brindar seguridad y la creciente violencia sin contramedidas.
La comunidad de Nueva Morelia, que alberga a más de 700 personas, abandonó sus hogares el 5 de enero debido a la falta de seguridad y la ausencia de garantías de protección por parte de las autoridades. Los residentes señalan que la zona está marcada por intereses significativos como la minería y el control fronterizo, lo que contribuye a la escalada de violencia.
Este no es un incidente aislado en la región, ya que el 26 de diciembre, la comunidad de Limonar fue evacuada después de que miembros armados del CJNG forzaran a los habitantes a abandonar sus hogares. La población huyó buscando refugio en comunidades vecinas y en las colinas cercanas.
La sociedad civil de Chicomuselo, en su comunicado, destaca la insatisfacción con la falta de seguridad proporcionada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las autoridades estatales. Los residentes acusan al CJNG de mantener el control de la cabecera municipal mediante retenes, bloqueos de carreteras y vigilancia ciudadana, generando miedo y tensiones constantes.
Exigen a los tres niveles de gobierno que actúen para garantizar la seguridad y la paz en la región, devolviendo a la población su libertad, bienes materiales, espacios de trabajo y la educación de sus hijos. Además, solicitan la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y expresan su preocupación por la inacción del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal ante los grupos criminales que utilizan a la población como escudo humano.
La situación ha sumido a todo el pueblo en la incertidumbre, viviendo bajo la constante amenaza de futuros enfrentamientos, y hacen un llamado a la solidaridad internacional para poner fin a la violencia que enfrentan.
