La agencia migratoria mexicana, enfrentando problemas económicos, ha suspendido los traslados y devoluciones de migrantes en situación irregular, según una circular fechada el 1 de diciembre y confirmada por una fuente anónima. Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración (INM), tomó esta decisión debido a la falta de fondos y ajustes de fin de año que llevaron a la Secretaría de Hacienda a suspender pagos en noviembre. La circular señala que la medida afecta los servicios aéreos de “retornos asistidos” y la “transportación terrestre para el traslado de migrantes irregulares”.
La suspensión de estas actividades implica que los migrantes en situación irregular no serán deportados a sus países de origen, y tampoco se trasladarán de una región de México a otra, práctica común para descongestionar áreas con mayor acumulación de personas. Además, la circular indica la paralización temporal de ciertos pagos a los funcionarios de la agencia migratoria y de citas para los controles de confianza.
La falta de liquidez del INM podría tener un impacto significativo en la interceptación y gestión de migrantes en México, especialmente en un año que ha visto un flujo récord de desplazamientos hacia Estados Unidos. De enero a octubre de 2023, las autoridades mexicanas han interceptado a casi 590,000 migrantes en situación irregular, un aumento sustancial en comparación con los 440,000 de todo el año pasado.
A pesar del aumento en la interceptación, las devoluciones de migrantes han disminuido, con 51,000 registradas de enero a octubre, en comparación con las casi 122,000 de todo el año anterior. La circular no especifica una fecha de finalización, pero al referirse a “disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2023”, se podría inferir que estas medidas estarán vigentes hasta finales de diciembre.
La situación plantea preocupaciones sobre el impacto en la capacidad de México para gestionar el flujo migratorio y destaca la dependencia de la Guardia Nacional para abordar estos desafíos. La decisión llega en un momento en que la región está a punto de cerrar un año récord en el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.