La Jueza Elizabeth Trejo Galán, quien encabeza el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ha emitido una decisión trascendental al conceder una suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (Jufed), deteniendo así la implementación de una medida que involucraba la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos vinculados al Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta resolución no solo impide la desaparición de estos fideicomisos, sino que también obstaculiza el proceso de reintegración de los recursos asociados, aproximadamente 15 mil millones de pesos, a la Tesorería de la Federación ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a las disposiciones de la reforma a la Ley Orgánica del PJF.
La Jufed, actuando en representación de más de 600 magistrados y jueces de circuito, presentó un amparo colectivo en contra de las reformas a la ley mencionada, obteniendo inicialmente una suspensión provisional por parte de la jueza Trejo Galán. Sin embargo, la reciente decisión de otorgar una suspensión definitiva implica que la medida cautelar ahora tiene efectos generales, permaneciendo en vigor hasta que se resuelva de manera completa y detallada el amparo tramitado por la organización del Poder Judicial.
Los efectos generales de esta medida cautelar establecerán claramente que los 15 mil millones de pesos asignados a los 13 fideicomisos en cuestión deberán continuar destinándose a sus objetivos originales durante todo el proceso legal. Este fallo representa un hito en la resistencia contra las modificaciones legislativas propuestas que afectan al Poder Judicial.
Es relevante destacar que esta situación ha generado un debate significativo en el ámbito legal y político, especialmente considerando el contexto de las reformas implementadas y la relevancia del Poder Judicial en el sistema democrático del país. Además, la decisión de la jueza Trejo Galán no solo defiende los intereses de la Jufed, sino que también tiene implicaciones importantes en términos de la autonomía del Poder Judicial de la Federación y el manejo de sus recursos financieros.