El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha respondido enérgicamente a las acusaciones presentadas por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret L. Satterthwaite, en relación con el caso de la jueza Angélica “N”. García Jiménez ha rechazado las afirmaciones de la ONU, argumentando que se basan en datos falsos y no reflejan la realidad en Veracruz.
El mandatario veracruzano ha destacado que el informe de la relatora especial no estaba dirigido específicamente a su gobierno o al gobierno de Veracruz, sino al gobierno de México en su conjunto. En consecuencia, ha expresado su desacuerdo con las supuestas irregularidades señaladas por la representante de la ONU, sosteniendo que no se ajustan a la verdad.
El documento de Margaret L. Satterthwaite menciona que los jueces de control en Veracruz carecen de independencia en la toma de decisiones y que reciben instrucciones de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, en casos relevantes.
García Jiménez ha manifestado su preocupación por la falta de corroboración de esta información por parte del organismo internacional y ha resaltado que los datos pueden ser verificados en las páginas de internet del Poder Judicial de la Federación.
Además, el gobernador ha cuestionado la imparcialidad de la relatora especial, acusándola de no considerar la versión de su administración y de basar sus conclusiones en información supuestamente falsa proporcionada por la jueza Angélica “N”. García Jiménez ha expresado su sorpresa por la falta de equidad en el análisis de los hechos por parte de la ONU y ha sugerido que la relatora buscaba un “golpe mediático”.
El mandatario también ha criticado la intervención internacional en asuntos de derechos humanos, preguntando por qué la ONU no actuó de manera similar durante los gobiernos de Felipe Calderón y Javier Duarte, cuando se registraron graves violaciones a los derechos humanos en Veracruz.
En última instancia, García Jiménez ha subrayado la necesidad de que la ONU consulte todas las versiones de los hechos antes de emitir juicios y ha lamentado que la organización no haya actuado con la misma determinación en el pasado.
