El Tribunal Internacional de Derechos de Naturaleza ha concluido que México cometió ecocidio y etnocidio con la construcción del Tren Maya. Según el Tribunal, el Estado Mexicano ha violado los Derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya a través de este megaproyecto.
La sentencia del Tribunal destaca que se vulneraron los Derechos de la Madre Tierra, que incluyen el derecho a la vida, a existir, a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos y procesos vitales sin interferencias humanas. También se menciona el derecho al agua, a la salud y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Como medidas de reparación, el Tribunal exige una auditoría independiente y transdisciplinaria en colaboración con las comunidades afectadas para evaluar los impactos del proyecto. También pide la reparación y restauración de los ecosistemas afectados y la suspensión de las construcciones. Además, se solicitan reformas constitucionales a nivel federal para reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos y a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.
En la entrega pública del veredicto, representantes de la Asamblea de Defensores Maya expresaron su descontento con la consulta realizada y denunciaron los impactos del proyecto, considerándolo más un tren militar que un proyecto maya.
El Tribunal también entregará el veredicto a varias instituciones y personas, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de que la sentencia sea considerada y tenga un impacto en los territorios involucrados.
Es importante mencionar que el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una institución internacional que investiga violaciones de los Derechos de la Naturaleza, aunque sus decisiones no son vinculantes, se espera que tengan un impacto significativo en los casos que evalúan.
El Tren Maya es uno de los megaproyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para fomentar el desarrollo en el sureste mexicano. Sin embargo, diversas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado preocupación por los posibles impactos negativos en los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos y en el medioambiente de la zona.
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de pruebas y se tiene programado que inicie operaciones en diciembre de este año.