Ciudadanos, empresarios, catedráticos dirigentes de partido y figuras políticas se unieron a la marcha, este 26 de febrero en la capital del estado, Xalapa, a la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que fue convocada en diversas ciudades del país.
Al grito del “INE no se toca” , “de frente y de lado, aquí no hay acarreados”, decenas de personas marcharon vestidos de color rosa, desde el Teatro del Estado por la avenida Manuel Avila Camacho hasta llegar a Plaza Lerdo, donde más simpatizantes ya se encontraban reunidas desde las 9 de la mañana.
En la también conocida como la marcha de la democracia, estuvo presente el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien manifestó en días pasados tuvo actividades con su partido en la capital del estado.
¿Por qué marchan?
Se trata de la segunda marcha que se realiza a nivel nacional en defensa del INE, la primera se realizó en noviembre del 2022, tras el paquete de reformas a leyes electorales que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como Plan B.
En diciembre y posteriormente el pasado 22 de febrero de este 2023 el pleno del Senado de la República aprobó el Plan B, que implica una serie de modificaciones para la estructura y financiamiento del INE.
Debido a ello, personas de la sociedad civil y personas de la política, como partidos, considerados de oposición salieron nuevamente a las calles para manifestar su rechazo a esta serie de reformas que se han aprobado recientemente.
En el caso de la ciudad de Xalapa, los manifestantes señalaron que la autonomía del INE se ve vulnerada y durante su discurso efectuado en plaza Lerdo, puntualizaron que estas reformas afectan la operatividad del organismo electoral para las próximas elecciones del 2024.
Los manifestantes señalaron que esta marcha también tiene por objetivo presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que se presentó un acción de inconstitucionalidad que será analizada por las y los Ministros sobre las reformas.
Las y los togados ahora deberán analizar si las reformas a las leyes aprobadas por el Plan B son una constitucionales o no.
