Expresión Ciudadana

Durante los últimos años, el Gobierno de la Cuarta Transformación ha perfeccionado una estrategia política que parece funcionar mejor que cualquier programa económico: convertir la propaganda en política pública. 

Todos los días se presume que México vive uno de sus mejores momentos económicos, que las inversiones llegan como nunca, que el empleo rompe récords, que el peso es fuerte y que el país es admirado en todo el mundo. 

Sin embargo, cuando se revisan las cifras completas, las de los organismos especializados y hasta las del propio Gobierno Federal, aparece una realidad completamente distinta. 

No estamos frente a una economía sólida; estamos frente a una economía que avanza con respiración asistida mientras desde Palacio Nacional se insiste en vender un éxito que millones de mexicanos simplemente no viven.

La reciente presentación de doce indicadores económicos por parte del secretario de Hacienda, Édgar Amador durante la mañanera, es quizá el mejor ejemplo de cómo se construye un relato político utilizando únicamente los datos que convienen. 

La intención fue clara: convencer a la opinión pública de que la economía mexicana atraviesa un momento histórico. 

Pero la economía no se mide por discursos ni por conferencias de prensa; se mide por el crecimiento, la inversión, la productividad, el empleo de calidad y el bienestar de las familias.

Uno de los principales argumentos del Gobierno fue presumir que México ocupa uno de los primeros lugares del mundo en Inversión Extranjera Directa (IED), con 40 mil 815 millones de dólares recibidos durante 2025, según cifras de la Secretaría de Hacienda. 

A simple vista parece una noticia extraordinaria. Sin embargo, la información completa, publicada por El Norte-Grupo Reforma el pasado 10 de julio de 2026, revela que 67.7 por ciento de esa inversión corresponde únicamente a reinversión de utilidades de empresas que ya estaban establecidas en México, mientras que apenas 18 por ciento fue capital nuevo. 

Es decir, el Gobierno presume como inversión histórica recursos que, en su mayoría, provienen de empresas que simplemente decidieron mantener temporalmente parte de sus ganancias en el país.

La diferencia no es menor. 

Una economía fuerte atrae nuevas empresas, nuevas fábricas, nuevos corporativos y nuevos proyectos productivos. 

Una economía que genera incertidumbre apenas consigue que quienes ya están instalados pospongan la decisión de expandirse y, en algunos casos, comiencen a trasladar parte de sus operaciones fuera del país. El anuncio de Toyota, que invertirá 3,600 millones de dólares para ampliar su planta en San Antonio, Texas, trasladando gradualmente parte de la producción de la camioneta Tacoma que actualmente se ensambla en Tijuana, es una señal que no puede minimizarse. 

Aunque la empresa ha señalado que mantendrá presencia en México, la realidad es que dos mil nuevos empleos se crearán en Estados Unidos y no en territorio mexicano. La decisión ocurre en un momento de creciente incertidumbre para la industria automotriz por la revisión anual del T-MEC, los aranceles impulsados por Washington y la falta de certidumbre jurídica que diversos organismos empresariales han advertido dentro del país. 

La relocalización de empresas o nearshoring, que pudo representar la mayor oportunidad económica para México en décadas, terminó perdiendo fuerza por una combinación de factores externos e internos. 

Por un lado, la decisión de Estados Unidos de sustituir la renovación tradicional del T-MEC por revisiones anuales genera incertidumbre para las inversiones de largo plazo; por otro, organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) han advertido que la reforma judicial, la desaparición de organismos reguladores y la pérdida de certidumbre jurídica inhiben la inversión productiva nacional y extranjera, justo cuando el país debería aprovechar su posición estratégica en Norteamérica. 

El Gobierno presume una tasa de desempleo de apenas 2.7 por ciento, la segunda más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Pero nuevamente se omite la otra mitad de la historia. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, 55.2 por ciento de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que representa alrededor de 32.6 millones de mexicanos sin seguridad social, sin prestaciones, sin pensión y sin estabilidad laboral.

¿De qué sirve presumir un desempleo históricamente bajo cuando más de la mitad de los trabajadores sobreviven sin derechos laborales? No se trata de una economía sana; se trata de millones de personas obligadas a aceptar cualquier actividad para llevar comida a sus hogares. 

La informalidad no es un logro económico; es el reflejo del fracaso para generar empleos formales y productivos. El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Fausto Hernández, advierte precisamente esa contradicción. 

Si realmente hubiera más inversión, más exportaciones y más empleo formal, el crecimiento económico tendría que reflejarlo. Pero eso no ocurre. Incluso señala que buena parte del supuesto incremento en el empleo formal proviene del registro de trabajadores de plataformas digitales que ya laboraban anteriormente, no de la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Es decir, se modificó el registro, no necesariamente la realidad laboral. La académica Mireya Pasillas Torres, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), resume con precisión el problema: México no muestra una economía fuerte, sino una economía que avanza lentamente y que depende cada vez más de empleos precarios, pequeños negocios frágiles y una inversión que simplemente no termina de despegar.

Las cifras del crecimiento económico confirman esa preocupación. De acuerdo con Banco de México (Banxico), el Producto Interno Bruto apenas creció 0.8 por ciento durante 2025, el peor resultado desde la pandemia, mientras que durante el primer trimestre de 2026 la economía registró una contracción. 

Tan delicada es la situación que el propio banco central redujo su expectativa de crecimiento para este año de 1.6 a 1.1 por ciento. Cuando el organismo encargado de mantener la estabilidad monetaria disminuye sus previsiones, significa que el panorama económico está lejos del optimismo que diariamente se presenta desde Palacio Nacional.

Pero quizá la advertencia más seria no proviene de la oposición política, sino del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), uno de los organismos con mayor prestigio técnico del país. 

En su comunicado «México requiere sanear sus finanzas públicas mediante una estrategia fiscal efectiva», publicado el 14 de julio de 2026, el instituto concluye que México enfrenta un escenario de creciente fragilidad fiscal y recomienda una profunda revisión del gasto público, reformas estructurales en Pemex, fortalecimiento de los ingresos y, sobre todo, recuperar la certidumbre jurídica para incentivar la inversión.

El documento es contundente. 

Señala que aproximadamente 60 por ciento del gasto público ya está comprometido en obligaciones permanentes como pensiones, subsidios, servicio de la deuda y participaciones federales. Esos compromisos representan alrededor del 70 por ciento de los ingresos públicos, lo que obliga al Gobierno Federal a seguir endeudándose para cubrir gastos que cada año son mayores. Además, recuerda que el déficit fiscal alcanzó casi 6 por ciento del PIB en 2024 y permaneció alrededor de 4.8 por ciento durante 2025, niveles que siguen presionando las finanzas nacionales.

Lo verdaderamente alarmante es que, para contener ese déficit el Gobierno ha optado por sacrificar la inversión pública. En otras palabras, en lugar de corregir la estructura del gasto, reducir ineficiencias o replantear proyectos poco rentables, se disminuye la inversión que podría generar crecimiento económico futuro. Se recortan carreteras, infraestructura, proyectos productivos y desarrollo, mientras los gastos permanentes siguen creciendo.

La advertencia continúa con uno de los mayores problemas estructurales del país: Pemex. 

La estrategia seguida durante los últimos años ha convertido a la empresa en una carga creciente para las finanzas públicas. 

Entre 2019 y el primer trimestre de 2026, las pérdidas acumuladas rondan los 100 mil millones de dólares, derivadas principalmente de una política de refinación que no ha generado la rentabilidad prometida y que ha obligado al Gobierno Federal a destinar recursos crecientes para sostener a la empresa.

A esto se suma otro elemento que el Gobierno evita mencionar: la incertidumbre jurídica. 

La reforma judicial, la desaparición de organismos reguladores y la pérdida de confianza institucional inhiben la inversión nacional y extranjera, deteriorando el clima de negocios justamente cuando México necesita.

Ante esta situación, el país corre el riesgo de permanecer atrapado en un círculo vicioso de bajo crecimiento con deuda creciente, donde cada vez existe menos margen para invertir y más necesidad de financiar gasto corriente mediante endeudamiento. No se trata únicamente de una discusión técnica. Significa que el Estado tendrá menos recursos para infraestructura, salud, educación y seguridad, mientras una proporción cada vez mayor del presupuesto se destina simplemente a pagar intereses de la deuda y obligaciones previamente adquiridas.

Hay que recordar que Moody’s rebajó la calificación soberana de México al último escalón del grado de inversión, mientras Fitch Ratings mantiene la nota en el mismo nivel y Standard & Poor’s conserva una perspectiva negativa. Además, advierte que la deuda pública podría acercarse al 60 por ciento del PIB, escenario que incrementaría considerablemente el costo del financiamiento para el país y afectaría la confianza de los mercados.

Resulta entonces inevitable hacerse una pregunta: ¿por qué, si la economía es tan fuerte como asegura el Gobierno, organismos como Banxico, el IMEF, México Evalúa, el CIDE, el ITESO y las principales agencias calificadoras advierten sobre desaceleración, incertidumbre, endeudamiento y debilidad fiscal? La respuesta parece evidente. Porque la realidad económica no se construye con discursos, sino con resultados.

El problema más grave ya no es únicamente el lento crecimiento económico. El verdadero problema es que el Gobierno parece haber sustituido la autocrítica por la propaganda. Cada indicador positivo se convierte en una campaña de comunicación; cada cifra negativa simplemente desaparece del discurso oficial. La economía dejó de analizarse para empezar a promocionarse.

Mientras tanto, millones de mexicanos continúan enfrentando salarios insuficientes, inflación acumulada, créditos más caros, menor inversión privada y oportunidades laborales cada vez más precarias. Ellos no viven dentro de las gráficas que se presentan en la conferencia mañanera. 

Viven en un país donde abrir un negocio sigue siendo complicado, donde conseguir un empleo formal bien remunerado es cada vez más difícil y donde el crecimiento económico lleva años sin reflejarse en una mejora real del nivel de vida.

La historia demuestra que ninguna nación ha logrado desarrollarse ocultando sus problemas detrás de campañas de comunicación. Las economías sólidas generan confianza, inversión, productividad y crecimiento sostenible. Las economías frágiles, en cambio, necesitan construir permanentemente una narrativa para convencer a la población de que todo marcha bien.

Y ahí radica quizá el mayor fracaso económico de la Cuarta Transformación: no haber construido una economía suficientemente fuerte para sostener el discurso, sino un discurso suficientemente grande para intentar ocultar las debilidades de la economía.