La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, en casos relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero o financiamiento ilícito.
La resolución representa un cambio en el criterio legal que regía este tipo de medidas en México.
El máximo tribunal determinó que el congelamiento de cuentas es una medida cautelar de carácter administrativo, y no una sanción penal.
Por ello, la UIF puede actuar de manera inmediata cuando detecte indicios de operaciones irregulares, sin requerir autorización previa de un juez.
La UIF tiene la facultad de incluir a personas físicas o morales en una lista de personas bloqueadas, lo que provoca la suspensión inmediata de sus operaciones financieras.
Aunque no existe control judicial previo, la Corte estableció que las personas afectadas podrán ejercer su defensa una vez aplicado el bloqueo.
Esto incluye:
- Solicitar una revisión ante la UIF
- Presentar pruebas sobre el origen de los recursos
- Impugnar la medida ante tribunales
En este esquema, el control judicial ocurre después del bloqueo, no antes.
Antes de esta resolución, el bloqueo sin orden judicial solo procedía en casos vinculados con solicitudes de autoridades extranjeras.
Con el nuevo criterio, la UIF podrá aplicar esta medida también en casos nacionales, ampliando su margen de actuación.
El fallo se sustenta en estándares internacionales, particularmente en recomendaciones de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Estos lineamientos establecen la necesidad de actuar con rapidez para evitar el movimiento de recursos vinculados a actividades ilícitas.
La decisión ha generado discusión en distintos sectores, debido a posibles implicaciones en derechos como el acceso a recursos financieros y el debido proceso.
Algunos especialistas han señalado que el congelamiento puede afectar a usuarios mientras se resuelve su situación legal.
