Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) fue objeto de un saqueo y desmantelamiento sistemáticos que dejaron sus instalaciones y su capacidad de atención a los beneficiarios en un estado ruinoso. En la conferencia de prensa matutina del día anterior, se reveló que este ataque al organismo obedeció a una lógica neoliberal muy pura: no solo se privatizaron los servicios públicos, sino que estas transferencias, de por sí inmorales, se llevaron a cabo mediante esquemas corruptos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Prácticamente todas las funciones del instituto, desde los laboratorios de análisis clínicos hasta las ambulancias y camillas, fueron subcontratadas a empresas privadas que, en muchos casos, resultaron ser de funcionarios públicos, políticos o sus intermediarios. Este proceso de “privatización silenciosa”, como lo denominó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, resultó en contratos por un total de 88 mil millones de pesos para los beneficiarios, pero es difícil determinar cuánto de esto corresponde a sobornos, proyectos no realizados, sobrecostos y otras formas de fraude.
Además, durante las administraciones mencionadas, se permitió una práctica perjudicial para las finanzas públicas: la aprobación de pensiones muy por encima de lo estipulado por la ley, llegando a montos de 273 mil pesos mensuales, lo que acumuló un daño económico de 15 mil millones de pesos. En esta y en muchas otras situaciones dañinas para el país, el Poder Judicial jugó un rol central, ya que todos los pagos ilegales se resolvieron en los tribunales y fueron autorizados por jueces. Otras partes de esta red corrupta incluyen despachos de abogados que atraen a ex empleados con la promesa de conseguirles pensiones superiores a las debidas y abogados que supuestamente defendían los intereses del Issste pero intencionadamente perdían los casos.
Como resultado de estas formas de pillaje y otros métodos, el instituto sufrió una seria reducción de capital que lo llevó de ser un modelo de atención médica en América Latina a tener clínicas sin equipos nuevos por más de dos décadas, y en otros casos, sin equipo básico o especializado durante 12 años. Además, hubo escasez aguda de medicamentos e insumos vitales, y pasaron casi 50 años sin que se construyera ningún hospital nuevo. El gobierno actual heredó un Issste en estas condiciones y además con una deuda de 20 mil millones de pesos que ha llevado años pagar.
La exposición hecha el día anterior lleva a cuestionarse si el saqueo al que fue sometido el organismo no es aún mayor de lo conocido, ya que su declive generalizado sugiere que solo estamos viendo la punta del iceberg. Es importante recordar que Calderón y Peña pusieron el Issste en manos de individuos cuestionables y sin experiencia en salud pública, en operaciones evidentes de cuotas y favores.
Con la información actual, es esencial preguntarse si la magnitud del expolio no es aún más grande de lo que se sabe, ya que la decadencia general del Issste sugiere que solo estamos viendo una pequeña parte. La corrupción en las cúpulas se extendió a todos los niveles de la institución, por lo que las investigaciones deben continuar hasta exponer toda la corrupción que ocurrió y los vestigios que aún pueden estar arraigados en el instituto. La recuperación debe ser integral y cumplir con el doble propósito de llevar a los responsables ante la justicia y restablecer esta red de seguridad social que es responsable de la salud de 14 millones de mexicanos.