Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de proveedores electorales dieron un nuevo giro. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 empresas, tras detectar movimientos financieros que podrían estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El titular de la UIF, Omar Reyes, explicó que la medida se tomó después de identificar diversas señales de alerta en las operaciones de los involucrados, entre ellas transferencias de dinero que permanecía poco tiempo en las cuentas antes de ser enviado a otros destinatarios.
También se detectaron movimientos hacia cuentas de personas sin una relación comercial aparente, incluidos estudiantes y adultos mayores, lo que despertó sospechas entre las autoridades financieras.
De acuerdo con Reyes, estos movimientos forman parte de un conjunto de indicadores de riesgo que pueden advertir posibles operaciones de lavado de dinero, aunque su detección no significa, por sí sola, que se haya comprobado la comisión de un delito.
¿Guadalupe Taddei está entre los investigados?
Ante los cuestionamientos sobre la posible inclusión de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en la lista de personas con cuentas bloqueadas, el funcionario evitó confirmar o descartar su nombre.
Explicó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece restricciones sobre la divulgación de esta información, por lo que la relación de personas y empresas involucradas únicamente puede compartirse con las instituciones financieras correspondientes.
Asimismo, señaló que todavía se desconoce el monto total de los recursos inmovilizados, pues será en los próximos días cuando los bancos proporcionen información sobre las cuentas afectadas.
Investigación comenzó durante la gestión de Pablo Gómez
Omar Reyes reveló que los primeros bloqueos relacionados con esta red de proveedores fueron realizados durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, quien también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Detalló que las investigaciones parten de reportes de operaciones inusuales o sospechosas enviados por instituciones bancarias y otros integrantes del sistema financiero.
A partir de estos avisos, la UIF cruza información, analiza los movimientos y determina si existen elementos para solicitar la inmovilización de recursos.
El funcionario insistió en que no se trata de una sola operación irregular, sino de distintos patrones financieros que, analizados en conjunto, despertaron las alertas de la dependencia.
El congelamiento de las cuentas representa una nueva etapa en las investigaciones sobre los proveedores electorales. Sin embargo, corresponderá a las autoridades competentes determinar si los movimientos detectados constituyen delitos y establecer las responsabilidades legales de las personas involucradas.
