La Presidencia de México ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dé prioridad al análisis de las reclamaciones presentadas contra las decisiones tomadas por el ministro Luis María Aguilar Morales. Este ministro admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua respecto a los libros de texto gratuitos y ordenó la suspensión de su distribución en ese estado.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha presentado seis solicitudes de atención prioritaria ante la máxima corte, en relación a las impugnaciones de diversas decisiones tomadas por el ministro Aguilar Morales. Este ministro fue asignado para analizar la controversia constitucional 400/2023, presentada por el gobierno encabezado por María Eugenia Campos Galván, quien es miembro del partido político PAN.
Estas solicitudes de atención prioritaria son herramientas que los poderes Legislativo y Ejecutivo pueden utilizar para acelerar el fallo de un caso en particular en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esta urgencia debe justificarse en función del interés social o del orden público.
Es importante resaltar que la atención prioritaria no es automática. En su lugar, el pleno de ministros debe evaluar en sesión privada si las razones de la urgencia son válidas y si procede resolver el asunto con celeridad mediante una votación por mayoría simple.
En la solicitud presentada por el Ejecutivo federal se subraya la necesidad de que la SCJN resuelva el caso lo más pronto posible, ya que la suspensión de la distribución de los libros de texto está afectando el derecho a la educación de los estudiantes de enseñanza básica en Chihuahua. Esto implica que los alumnos no tendrán acceso a los materiales educativos necesarios.
La Consejería Jurídica del gobierno federal también ha mencionado que la autoridad estatal de Chihuahua es responsable de garantizar una distribución oportuna y efectiva de los libros de texto gratuitos y otros materiales educativos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública. Anteriormente, la Consejería había anunciado su intención de presentar un recurso de reclamación en contra de la admisión a trámite y la suspensión de la controversia presentada por Chihuahua.
