El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado su intención de presentar una denuncia en el Poder Judicial contra el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar. La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda ha acusado al ministro de favorecer a una empresa evasora de impuestos mediante su inacción. Se alega que esta empresa adeuda al fisco 25,000 millones de pesos correspondientes a los años 2010, 2011 y 2013. Esta situación surge en el contexto en que el ministro Aguilar ha concedido dos recursos legales para detener la distribución de nuevos libros de texto en escuelas públicas de los estados de Chihuahua y Coahuila. Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, la administración de López Obrador está enfrentando obstáculos para llevar los nuevos libros de educación pública a las escuelas, libros que gobiernos y grupos civiles opositores han calificado como “adoctrinadores” y “comunistas”. López Obrador informó que la denuncia contra Aguilar sería presentada ante el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia este mismo martes, ya que solo esta instancia tiene la facultad de revisar quejas contra sus miembros.
Durante una conferencia de prensa de López Obrador, el titular de la Procuraduría Fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, afirmó que la empresa involucrada, sin mencionar su nombre, cuenta con una “gran estructura corporativa” que le ha permitido emplear estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue a pagar impuestos. Medina Padilla explicó que la corporación ha solicitado en repetidas ocasiones que la Corte atraiga sus casos argumentando que son novedosos y relevantes, aunque podrían ser resueltos por tribunales colegiados. Como resultado, los juicios se suspenden y se retrasa su resolución. “Estos 25,000 millones de pesos no se han podido recuperar en los últimos 13 años, a pesar de los diversos juicios interpuestos y el retraso en los litigios”, señaló Medina Padilla.
El ministro Aguilar es mencionado en este contexto. El procurador fiscal indicó que el juez ha tenido en sus manos el expediente de la empresa evasora y ha retrasado su resolución durante ocho meses. “El ministro Luis María Aguilar Morales, amparándose en la excepcional facultad de atracción solicitada por la empresa, solicitó al pleno de la Suprema Corte que los analizara y ha omitido resolverlos sin causa justificada”, declaró el funcionario.
Medina Padilla agregó que el retraso indebido en la resolución del caso va en contra de la Constitución y de la impartición de justicia, y atenta contra los recursos de los mexicanos. Ante este comportamiento, el Gobierno federal presentará una queja contra el ministro por su actuar selectivo y controlado en la administración de justicia, en beneficio de los mexicanos, según el procurador fiscal.
López Obrador intervino y cuestionó por qué el ministro Aguilar tarda tanto en resolver un caso que permitiría al Gobierno recuperar 25,000 millones de pesos, pero no ha demorado en otorgar suspensiones contra la distribución de libros de texto en Chihuahua y Coahuila, dos estados gobernados por la oposición. El presidente criticó el doble rasero con el que actuó el ministro y enfatizó la importancia de resolver el asunto de acuerdo con la ley.