A pesar de los avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México, un preocupante número de agresiones con ácido sigue sin ser considerado como delito en 22 estados del país. Según información de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre 2012 y 2023 se registraron 797 casos de mujeres agredidas o amenazadas con ácido o sustancias similares. A pesar de esta situación alarmante, solo 10 congresos locales han incorporado el delito de agresiones con ácido en su legislación.
La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente ha tomado cartas en el asunto y aprobó un dictamen que exhorta a los congresos de los 22 estados restantes a adecuar su marco jurídico para incorporar el delito de agresiones con ácido. El objetivo es establecer penas severas para los perpetradores y contemplar la reparación de los daños causados a las víctimas.
El informe resalta que estos ataques son una de las formas más crueles y cobardes de violencia de género, siendo que cerca del 80% de los casos están dirigidos a mujeres. La agresión con ácido no solo causa daños físicos graves, especialmente en el rostro, sino que también genera un impacto psicológico y emocional profundo, afectando la vida de las víctimas de manera permanente.
Es fundamental que los congresos locales tomen medidas inmediatas para abordar esta grave problemática y brindar protección y justicia a las mujeres afectadas. La adecuación de su marco jurídico permitirá imponer castigos más severos a los agresores y garantizar una mayor protección a las mujeres en riesgo de sufrir este tipo de violencia. Es un llamado urgente a tomar acciones concretas para erradicar esta forma de violencia de género y garantizar un entorno seguro para todas las mujeres en el país.
