Astrolabio Político
“La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor”. — Gabriel García Márquez.
Hay una responsabilidad elemental en el periodismo: demostrar lo que se presenta como cierto. Cuando esa obligación se sustituye por la repetición de señalamientos, el lector recibe una acusación revestida de certeza, aunque nadie le haya mostrado la evidencia.
El caso de José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora Rocío Nahle García, permite examinar ese mecanismo. Las publicaciones revisadas atribuyen a Luis Chaparro, conductor de Pie de Nota, la afirmación de que Peña habría figurado en la nómina de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”. Algunas reprodujeron el señalamiento y reconocieron que carecía de corroboración judicial pública.
La distinción importa. Una declaración demuestra que alguien hizo una declaración. Para acreditar los supuestos pagos hacen falta elementos adicionales: registros, transferencias, documentos auténticos o testimonios contrastados. La reproducción de una acusación en cinco portales no produce cinco investigaciones independientes.
Para evaluar la información de una fuente, el oficio exige al menos diez reglas básicas: identificarla con precisión; comprobar que tiene acceso a los hechos; distinguir su conocimiento directo de lo que escuchó de terceros; examinar su credibilidad y sus posibles intereses; contrastar su versión con fuentes independientes; verificar la autenticidad y el contexto de los documentos; reproducir fielmente sus palabras; justificar la reserva de identidad cuando corresponda; buscar la respuesta de las personas señaladas; y separar hechos comprobados, acusaciones y opiniones, corrigiendo cualquier error. Ninguna regla aislada garantiza la verdad, pero omitir estas obligaciones debilita la información y puede convertir al periodista en vehículo de una imputación sin sustento.
Sin embargo, la versión termina adquiriendo una autoridad que sus pruebas públicas no sostienen.
En su columna “Indiferencia”, publicada este 12 de octubre, Jorge Fernández Menéndez introduce como “datos duros” el supuesto vínculo entre Peña y Cazarín. En ese pasaje no identifica la fuente del señalamiento, no precisa la naturaleza de la relación y no ofrece un documento que permita comprobarla. Tampoco explica cómo obtuvo esa conclusión.
Llamar duro a un dato no lo vuelve verificable.
Además, existe una diferencia entre afirmar que alguien habría recibido dinero y escribir que está relacionado con un dirigente criminal. La segunda expresión es más amplia, pero igualmente comprometedora: deja al lector completar con sospechas aquello que el texto no demuestra.
No puede establecerse, sólo mediante esas publicaciones, que Fernández Menéndez tomó su afirmación de Chaparro. Lo que sí puede observarse es una acusación circulante que aparece después formulada como certeza, sin que en el texto se exponga evidencia adicional.
Ése es el problema de fondo: la pérdida de las reservas, la atribución y el contexto durante la circulación de una versión.
La confidencialidad de las fuentes merece respeto. Un periodista puede proteger a quien corre riesgos. Pero reservar una identidad no elimina la obligación de verificar ni impide explicar qué clase de evidencia respalda una imputación. El secreto profesional protege a las personas; no convierte cualquier afirmación en prueba.
También debe distinguirse entre cuestionar una gestión y trasladar una sospecha familiar a la responsabilidad de una gobernadora. Para sostener una acusación contra Nahle habría que acreditar sus propios actos, decisiones o intervenciones. El parentesco no cubre ese vacío.
El efecto de esa asociación es deteriorar su imagen. La intención personal de quienes publican requeriría pruebas distintas; atribuirles automáticamente un propósito de engaño reproduciría el mismo defecto que aquí se cuestiona.
Por eso la crítica debe concentrarse donde es más sólida: en la evidencia ausente del texto, en la certeza excesiva y en la responsabilidad editorial.
No es necesario esperar una sentencia para investigar. Sí es indispensable contar con sustento antes de presentar una sospecha como hecho. Tampoco la ausencia de confirmación pública demuestra que una acusación sea falsa; obliga a reconocer que permanece sin corroborar.
Rocío Nahle debe responder por su gobierno. Los periodistas debemos responder por lo que publicamos.
La reputación de una familia y la confianza de los lectores exigen algo más que una firma reconocida. Quien afirma tener datos duros debe permitir que se examine su dureza.
Porque una acusación puede multiplicarse sin ganar una sola prueba. Y cuando el periodismo olvida esa diferencia, deja al ciudadano informado de un escándalo, pero desinformado sobre la verdad.
Al tiempo.
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“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx