La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene abiertas siete investigaciones por posibles responsabilidades administrativas relacionadas con el contrabando de hidrocarburos, en las que estarían involucrados servidores públicos de la Secretaría de Marina y de otras áreas estratégicas vinculadas al sistema portuario y aduanero del país.
La información forma parte de las respuestas que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado, luego de recibir 50 preguntas parlamentarias planteadas por los distintos grupos legislativos.
En el documento se precisa que las indagatorias se realizan con apego a los principios de legalidad, debido proceso, imparcialidad y presunción de inocencia, “sin distinción de jerarquías, cargos o filiaciones políticas”.
Revisiones en puertos y aduanas
En respuesta a cuestionamientos del PAN sobre las acciones para desarticular y sancionar la llamada “red de huachicol fiscal”, la mandataria detalló que se iniciaron procedimientos en los órganos internos de control de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional de Guaymas, Tampico y Ensenada, así como en la propia Secretaría de Marina y en la Agencia Nacional de Aduanas de México.
El objetivo, indicó, es determinar posibles responsabilidades individuales y colectivas en el manejo y supervisión de operaciones relacionadas con hidrocarburos.
Cooperación con Estados Unidos
En otro apartado, Sheinbaum informó que, como parte del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley con Estados Unidos, acordado en septiembre pasado, se integró un Grupo de Implementación de Seguridad de alto nivel.
Este mecanismo sostiene reuniones periódicas para evaluar avances en el combate al crimen organizado transfronterizo, el rastreo de flujos financieros ilícitos y el robo de combustibles, además de reforzar inspecciones e investigaciones para frenar el tráfico de drogas y armas.
La presidenta subrayó que el combate al contrabando de hidrocarburos y a las redes de corrupción en instituciones públicas forma parte de una estrategia integral que busca cerrar espacios a la impunidad en sectores clave para la economía nacional.
