Expresión Ciudadana

El desastre de la salud pública en Veracruz no es un accidente ni una mala racha administrativa, sino la suma de una herencia podrida y decisiones equivocadas en el presente que han convertido la emergencia sanitaria en rutina. 

En el primer año del gobierno de Rocío Nahle, la crisis se concentró en dos frentes que siguen abiertos y sin resolver: los señalamientos de corrupción millonaria arrastrados desde la administración anterior, que hasta ahora no han pasado del discurso, y la persistente falta de medicamentos en hospitales y centros de salud, que obliga a recurrir a soluciones improvisadas y propagandísticas como las llamadas Camionetitas de la Salud. 

Mientras las denuncias por un presunto saqueo de recursos públicos permanecen empantanadas y la impunidad sigue siendo la regla, los anaqueles vacíos se vuelven paisaje cotidiano y el derecho a la salud se reduce a una promesa aplazada. 

Nada de esto se explica con discursos triunfalistas ni con cifras oficiales cuidadosamente maquilladas: se entiende recorriendo hospitales saturados, clínicas sin insumos, médicos y enfermeras agotados, y pacientes que han aprendido a esperar resignados, como si la espera —y no la atención oportuna— fuera ya parte del tratamiento y del costo social de la incompetencia y la corrupción.

La narrativa gubernamental insiste en hablar de transición, de herencias incómodas y de procesos en marcha. Pero la realidad es más cruda: el sistema está roto en sus piezas fundamentales. No hay planeación integral, no hay control efectivo y, sobre todo, no hay voluntad política para reconocer que la situación exige medidas extraordinarias.

El inicio del nuevo gobierno prometía corrección de rumbo. Sin embargo, muy pronto quedó claro que la salud no sería prioridad real sino un expediente incómodo que se administra para evitar estallidos, no para resolver problemas. La improvisación se convirtió en método y el silencio en estrategia.

La renuncia anunciada del secretario de Salud, Valentín Herrera Alarcón, un prestigiado cardiólogo Veracruzano, terminó por exhibir la fragilidad del gabinete. Un funcionario que presenta su dimisión pero permanece indefinidamente en el cargo es la mejor metáfora de un sistema que no sabe si avanzar o simplemente aguantar.

La indefinición no es menor. En un sector en crisis, la falta de liderazgo claro se traduce en parálisis administrativa. Nadie asume costos y nadie da la cara frente a un personal médico cansado de promesas.

Mientras tanto, la figura de Roberto Ramos Alor reaparece como un fantasma recurrente en la historia reciente de la salud veracruzana. Su papel, hoy desde el IMSS-Bienestar, recuerda que las mismas caras suelen volver cuando el sistema entra en crisis, aunque su pasado esté lleno de cuestionamientos.

Durante su gestión anterior, los problemas de abasto, infraestructura y organización no solo no se resolvieron, sino que se profundizaron. Su retorno al centro de decisiones despierta más desconfianza que esperanza, especialmente entre trabajadores que vivieron esos años de carencias.

El diagnóstico es duro: hospitales saturados, quirófanos cerrados por falta de insumos, clínicas rurales abandonadas a su suerte. 

La apertura de nuevas instalaciones sirve de poco cuando no hay personal suficiente ni presupuesto sostenido para operarlas.

Las zonas urbanas concentran los pocos avances, mientras las regiones serranas y rurales siguen siendo el último eslabón de la cadena. Allí, la salud pública es una promesa lejana y el traslado a un hospital puede significar horas, o la diferencia entre la vida y la muerte.

La percepción ciudadana es lapidaria. Las protestas, los bloqueos y las quejas no son producto de la manipulación política, sino de una experiencia cotidiana marcada por el abandono. El discurso oficial choca una y otra vez con la realidad del paciente que no encuentra medicamentos.

La dependencia casi total de programas federales agrava la vulnerabilidad del sistema estatal. Cuando la logística nacional falla, Veracruz se queda sin margen de maniobra. No hay planes alternos ni reservas estratégicas que amortigüen el golpe.

Las cifras de millones de medicamentos distribuidos suenan bien en informes, pero en las clínicas pequeñas la historia es distinta. Médicos y enfermeras denuncian que los números no cuadran con los anaqueles vacíos y los tratamientos incompletos.

La confianza está rota. Y cuando un sistema de salud pierde la confianza de sus usuarios y de su propio personal, el daño es profundo y difícil de revertir. La transparencia se vuelve una palabra hueca cuando no hay mecanismos independientes que verifiquen lo que se anuncia.

A esta crisis estructural se sumó una herida innecesaria: la falta de pago del bono navideño al personal de salud. No fue solo un retraso administrativo, fue una señal de desprecio hacia quienes sostienen el sistema con jornadas interminables.

El intento de pagar con vales restringidos fue interpretado como una burla. Médicos, enfermeras y trabajadores administrativos salieron a las calles no por capricho, sino porque se rompió un acuerdo básico de respeto laboral.

Las manifestaciones afectaron la operación de hospitales, pero el verdadero daño fue simbólico. El gobierno perdió autoridad moral frente a su propio personal, justo cuando más necesitaba cohesión interna.

En medio de ese conflicto, la respuesta oficial fue tardía y confusa. Disculpas públicas, promesas de corrección y anuncios de revisión que no lograron apagar el enojo de los trabajadores de la salud.

Como si faltara un símbolo de la desconexión entre prioridades y realidad, aparecieron las llamadas “camionetitas de la salud”. Vehículos nuevos, relucientes, presentados como solución para comunidades donde ni siquiera hay médicos permanentes.

La decisión de utilizar estas unidades fue vista como una ocurrencia costosa. Para muchos, representó la política del espectáculo: mostrar movimiento, aunque el fondo permanezca intacto.

Las dudas sobre el costo y la transparencia de la adquisición alimentaron la sospecha de que se trata más de imagen que de política pública efectiva. La salud no se resuelve con ruedas nuevas, sino con sistemas que funcionen.

Otro capítulo oscuro es la ausencia de acciones judiciales contundentes contra funcionarios de la administración anterior. Se anunciaron denuncias, se hablaron de irregularidades, pero los procesos penales brillan por su ausencia.

Las sanciones administrativas no sustituyen la justicia. La percepción de impunidad sigue intacta y refuerza la idea de que en Veracruz los errores graves rara vez tienen consecuencias reales.

Esa falta de castigo ejemplar erosiona la credibilidad del discurso anticorrupción. 

Para la ciudadanía, parece que el cambio de gobierno no significó un cambio de prácticas.

El resultado es un sistema atrapado entre el pasado que no se sanciona y un presente que no se corrige. La continuidad de viejos vicios bajo nuevas narrativas termina por ahogar cualquier intento de reforma profunda.

La gobernadora Rocío Nahle enfrenta así uno de los mayores retos de su administración. La salud pública no admite medias tintas ni soluciones cosméticas.

En la práctica, quien toma las decisiones clave en la Secretaría de Salud de Veracruz no es el secretario en turno, sino José David Rangel Zermeño, el administrador impuesto por Rocío Nahle. Desde la Dirección de Administración controla el dinero, las compras, los contratos y el personal, es decir, el verdadero poder operativo del sector salud. Su permanencia, pese a señalamientos graves como la compra de medicamentos oncológicos presuntamente adulterados, despidos irregulares y acusaciones de corrupción, lo ha convertido en el eje de las decisiones más delicadas y en el símbolo de que, más allá del discurso, el rumbo de la salud pública se define desde la chequera y no desde los hospitales.

Cada día que pasa sin decisiones firmes, la crisis se normaliza un poco más. Y cuando la emergencia se vuelve rutina, el costo humano se multiplica silenciosamente.

La conclusión es incómoda, pero necesaria: Veracruz no tiene un problema aislado en su sistema de salud, tiene un colapso estructural. Negarlo solo prolonga el sufrimiento de millones.

La renuncia inconclusa, los funcionarios reciclados, las compras cuestionables y los adeudos laborales forman un mismo retrato: el de un gobierno que administra la crisis en lugar de enfrentarla.

Si no hay un diagnóstico honesto y acciones drásticas, la salud seguirá siendo el eslabón más débil del proyecto político estatal. 

Y en ese eslabón, quienes pagan el precio no son los funcionarios, sino los ciudadanos.

La historia reciente demuestra que la paciencia social tiene límites. La salud pública no puede esperar a que se acomoden las piezas del poder.

En Veracruz, curar el sistema exige algo más que discursos y camionetas. Exige responsabilidad, memoria y, sobre todo, la decisión de romper con la inercia que convirtió la emergencia en costumbre.