Con 338 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca modernizar el sistema aduanero, fortalecer la fiscalización y cerrar espacios a la evasión y el contrabando, especialmente en casos como el llamado huachicol fiscal.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Antonio Altamirano (Morena), recordó que la iniciativa fue presentada el pasado 9 de septiembre, e incluye modificaciones a 65 artículos, la adición de 44 y la derogación de nueve, con el objetivo de “poner fin a las malas prácticas que durante años afectaron al país”.
“Esta reforma busca acabar con la evasión, el contrabando y la corrupción en las aduanas. Los recursos aduaneros deben destinarse al beneficio de todos los mexicanos, no quedar en manos de particulares ni de malos funcionarios”, destacó el legislador.
El dictamen aprobado establece requisitos de control y vigilancia digital para obtener la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, además de incorporar mecanismos tecnológicos de trazabilidad en las operaciones de importación y exportación.
Asimismo, la reforma endurece las sanciones a los recintos que permitan la salida irregular de mercancías sin cumplir las formalidades aduaneras o sin el pago correspondiente de impuestos.
Uno de los puntos más relevantes es la creación del Consejo Aduanero, que será presidido por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dicho consejo tendrá facultades para otorgar, suspender o cancelar patentes de agentes aduanales, así como para decidir sobre inhabilitaciones o prórrogas.
También se establece que las patentes de los agentes aduanales tendrán una vigencia de 20 años, con la obligación de certificarse cada tres años para mantener su validez.
La reforma se presenta tras los recientes escándalos de contrabando de combustibles, conocidos como huachicol fiscal, que involucran a marinos y funcionarios aduaneros. En septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió un proceso judicial contra 10 implicados, acusados de permitir la entrada al país de millones de litros de gasolina haciéndolos pasar por aditivos, evadiendo impuestos y generando un daño millonario al erario.
Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la discusión, la diputada Blanca Leticia Gutiérrez (PAN) criticó el dictamen al considerar que “no combate el huachicol fiscal ni la corrupción”, y advirtió que la iniciativa “criminaliza a los agentes aduanales y militariza aún más las aduanas”.
“Esta reforma empodera a una autoridad sin contrapesos, castiga al sector formal y no toca los verdaderos focos de corrupción”, señaló.
Pese a los señalamientos de la oposición, el bloque oficialista y sus aliados defendieron que la reforma representa un paso decisivo hacia la transparencia y modernización del sistema aduanero mexicano.
El proyecto será turnado al Senado de la República para su análisis y votación en los próximos días.
