La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este martes al abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, quien encabeza la lista de resultados en la elección para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacando su origen indígena y trayectoria profesional.
Con corte a las 9:50 de la mañana, Aguilar suma 2 millones 607 mil 582 votos, lo que representa un 5.10% del total, superando a la ministra Lenia Batres, quien registra 2 millones 471 mil 625 votos.
Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena originario de Oaxaca, se perfila como uno de los principales aspirantes a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Postulado por el Poder Ejecutivo, Aguilar es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Con más de 30 años de trayectoria, ha centrado su labor en la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Por esto mismo, señala en su perfil que “como indígena, un cargo es sinónimo de servicio. Por ello, busco ponerme al servicio de la justicia y de los pueblos.”
Entre los cargos que ha desempeñado destacan su labor como subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca, coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como una amplia participación como ponente y activista jurídico en foros nacionales e internacionales.
Entre sus principales propuestas, Hugo Aguilar sugiere una transformación profunda en la manera en que se imparte justicia. Su visión apuesta por una función jurisdiccional cercana a las personas, que incorpore visitas situ, diálogo directo y un entendimiento concreto de los problemas, dejando atrás los formalismos excesivos.
Para él, las resoluciones no deben partir únicamente de razonamientos jurídicos abstractos, sino estar fundamentadas en la realidad y el contexto de quienes acuden al sistema de justicia.
Plantea una mayor participación de instancias especializadas y la ampliación de la figura del Amicus Curiae. Además, promueve el diálogo directo con las partes involucradas, con el objetivo de entender con mayor profundidad las controversias y enriquecer las decisiones desde distintas perspectivas.
Asimismo, propone un diálogo republicano activo entre los poderes de la Unión, los estados, municipios y, especialmente, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
“La justicia no se debe basar en la simple aplicación de la ley. La reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como sobre derechos humanos, son la base para incorporar en la impartición de justicia, la visión colectiva de los pueblos y la dimensión humana de toda la nación, en particular de los sectores excluidos; tomando en cuenta sus realidades, aspiraciones de vida y sus contextos. Solo así lograremos una justicia real con efectos transformadores en la vida de todos.”
